El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat a raíz de una denuncia por la venta ilegal de tierras fiscales en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar. Además, se inició un sumario administrativo contra dos empleados vinculados al caso.
La polémica surgió en octubre, cuando se detectaron ocupaciones ilegales en la zona protegida. Posteriormente, la Justicia ordenó detener las construcciones y suspendió las ventas de lotes tras descubrirse una presunta maniobra para comercializar tierras del Estado. La provincia denunció penalmente al titular del proyecto “Loteo Gaucho Castro” por usurpación y estafa, involucrando a exfuncionarios y empleados públicos en la causa.
Mediante un decreto, Jaldo transfirió las funciones de la subsecretaría disuelta a la Dirección General de Catastro, que ahora será la autoridad responsable de regularizar inmuebles provinciales y colaborar con las investigaciones judiciales. Además, ordenó un relevamiento de trámites para facilitar información a la Justicia y avanzar en las denuncias de usurpaciones de tierras fiscales.
El decreto también suspendió e inició investigaciones administrativas contra Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo, dos empleados implicados en la causa judicial, en la que ya hay 14 damnificados identificados y se espera que surjan más denuncias a medida que avanza la investigación.