El legislador tucumano sostuvo que los recursos recaudados mediante el impuesto no estarían llegando a la infraestructura vial y reclamó al Gobierno nacional que cumpla con el destino específico de esos fondos.
El legislador José Cano cuestionó el destino de los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono y aseguró que cerca de USD 1.000 millones deberían haberse destinado al mantenimiento de las rutas nacionales.
El planteo se da en medio de los reclamos por el estado de distintos corredores viales del país y pone el foco en el destino de los fondos vinculados, según su planteo, al financiamiento de la infraestructura y la seguridad vial.
Cano cuestionó el destino de los fondos
Según sostuvo el legislador, desde el inicio de la actual gestión nacional el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono acumuló un incremento superior al 400%.
Cano afirmó que el aumento de la recaudación no se habría traducido en obras suficientes de mantenimiento y reparación de las rutas nacionales.
“Cerca de 1.000 millones de dólares recaudados mediante este impuesto deberían haberse destinado de manera transparente al mantenimiento de la infraestructura vial”, señaló.
Además, estimó que con esos recursos podrían haberse reparado más de 26.000 kilómetros de rutas nacionales.
El reclamo por el mantenimiento de las rutas
El eje del cuestionamiento está puesto en la diferencia entre los recursos que, de acuerdo con Cano, se recaudan mediante el impuesto y las obras que se ejecutan sobre la red vial nacional.
El legislador reclamó que se transparente el destino de esos fondos y cuestionó que los recursos no se traduzcan en una mayor inversión para el mantenimiento de las rutas.
El planteo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por reclamos sobre el estado de distintos corredores viales y las condiciones de circulación en varias regiones del país.
“La consecuencia la pagamos con vidas”
Cano también vinculó la falta de mantenimiento de la infraestructura con la seguridad de quienes utilizan las rutas nacionales.
“La consecuencia directa de haber malversado esos fondos públicos y no haberlos aplicado a la afectación específica que impone la ley, la pagamos con vidas humanas”, afirmó.
El legislador sostuvo que el deterioro de las rutas incrementa los riesgos para quienes circulan por ellas y consideró que la discusión sobre el destino de los recursos también debe abordarse desde una perspectiva de seguridad vial.
El reclamo a las provincias y al Congreso
Además de cuestionar al Gobierno nacional, Cano apuntó contra los gobiernos provinciales y los representantes en el Congreso por lo que consideró una falta de reclamo frente al Ejecutivo.
“Lo lamentable es que los gobiernos provinciales, diputados y senadores nacionales no le reclamen al Ejecutivo Nacional que aplique lo recaudado”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el impuesto es abonado por los ciudadanos al cargar combustible y vinculó el reclamo con la defensa del federalismo.
“Defender el federalismo también es exigir que los recursos de la gente no terminen en una caja negra y vuelvan en obras de seguridad”, concluyó.
El planteo de Cano vuelve a poner en agenda la discusión sobre el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, su aplicación a la infraestructura vial y el estado de las rutas nacionales.
