La intendencia de San Miguel de Tucumán dispuso esta semana que la presentación de este documento, emitido por la División de Antecedentes Personales de la Policía, es “esencial” para acceder o renovar el carnet del conductor de motocicletas.
En los fundamentos, la municipalidad, a cargo de Germán Alfaro, resolvió que “no se puede otorgar la licencia a quien tenga antecedentes penales relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad, la integridad de las personas o que, a criterio de la autoridad concedente, pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los menores; a quienes han hecho del delito de robo a través de la moto un oficio”.
La decisión de ambas comunas estuvo en línea con la idea del titular del Ministerio de Seguridad de la provincia, Claudio Maley. Frente a la Comisión Especial de Seguridad, organismo interpoderes creado por Ley de Emergencia en Seguridad, el funcionario había aconsejado la “modificación de la legislación para la inscripción de las motos en el Registro de la Propiedad del Automotor”.
“Dije que había que modificar la inscripción y, en todo caso, considerar exigir la presentación del certificado de buena conducta o de reincidencia, respecto de los antecedentes de las personas”, había considerado Maley.
Sin embargo, la nueva exigencia generó vacilaciones o rechazos de otros intendentes del Gran San Miguel de Tucumán, como el caso del titular del PE de Las Talitas. “No hemos estudiado esta disposición hasta el momento, pero es una medida que no se ajusta a derecho y, por lo tanto, es inaplicable. Creemos que se deben intensificar los controles. Por eso, tenemos un sistema combinado, es decir, realizar operativos que cuentan con la colaboración de policías, a quienes se les abona un servicio adicional”, expresó Carlos Najar.
“Es cierto que hay que ser más rigurosos con las personas que circulan con motocicletas sin papeles. Es que es muy probable que ese rodado haya sido robado. En ese caso, se secuestra y el hombre que la conduce se va a la casa caminando como si nada. Necesitamos fortalecer esto y que se digitalice un registro de motovehículos para que la policía tenga más recursos para actuar”, añadió.
Por su parte, Sergio Venegas, de Alderetes, destacó: “no hemos evaluado este tema todavía, aunque creemos que primero hay que analizar su eficacia antes de tomar algún tipo de decisión al respecto. Usando el sentido común, entiendo que la persona que utiliza una motocicleta para delinquir no está en regla, es decir, no tiene carnet de manejo y no cuenta con seguro. Entonces, si no es efectiva o su efectividad es dudosa, estaremos generando una traba más a los vecinos de la ciudad”.
A la capital ingresan 140.000 motos por día, rodados que provienen de Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas o Banda del Río Salí, entre otras jurisdicciones del Gran San Miguel. A ese número se suman los 360.000 autos que también se desplazan diariamente hacia la capital, de acuerdo a datos de la Intendencia capitalina.
En 2017, además, se vendieron 70.000 motos más que el año anterior sólo en San Miguel de Tucumán.
“No estoy a favor ni en contra, Primero, tengo que evaluar. No sé si la Ley de Tránsito contempla esta posibilidad. Si no lo hace, cualquier recurso (por la posible inconstitucionalidad) podría hacer caer la medida. Por ahora, espero el dictamen de la oficina de Asesoría Letrada del municipio, aunque ya dijeron que la norma nacional no considera esta facultad: pedir certificado”, manifestó Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí.
El funcionario hizo hincapié en que, si el fundamento es que se trata de una norma de seguridad, se debería “pedir también chalecos con la patente, seguro y casco”. “No sólo pasa por el certificado de buena conducta. El Ministerio de Seguridad, luego, debería bajar línea respecto de la disposición”, agregó.
El certificado:
Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte Operativo de la capital, sostuvo que la norma configura un “impedimento respecto de cierto tipo de delitos”.
“El certificado de buena conducta se le expide a todo ciudadano con o sin causas penales. A los que tienen causas pendientes, el certificado dirá: ‘Registra la/s siguientes causas’, y detallará la o las causas con número de expediente y la fiscalía interviniente. Después, la Asesoría Letrada de la Dirección de Tránsito evaluará si el caso se encuentra entre los delitos detallados en la resolución”, expresó.
Sobre las personas que han cometido un delito y han cumplido con su condena, Romero explicó que “se les extenderá la licencia, siempre y cuando el examen psicológico y el servicio de rehabilitación oficial garanticen la recuperación y readaptación de la persona”./La Gaceta
