La Justicia suspendió la entrega de subsidios para desocupados, ante la sospecha de que el oficialismo los utiliza con fines electorales para conseguir votos desesperados a favor de Mauricio Macri.
La Secretaría de Empleo había dispuesto en la resolución 1177 del último 2 de octubre que se asignara una partida de 650 millones de pesos de las arcas del Estado nacional, para 114.000 beneficiarios, a quienes se les podrían repartir bonos de 5000 pesos.
Llamativamente, el Gobierno nacional publicó el miércoles un rebalanceo del presupuesto, donde le destina a la Secretaría de Empleo el monto exacto que figura en esa resolución: 650 millones.
Pero entonces surgieron las denuncias de que los fondos serían administrados por candidatos a intendentes y concejales de Juntos por el Cambio así como también por “punteros” de Cambiemos.
Por eso, la jueza María Servini investiga las denuncias por el presunto plan a cargo de punteros del oficialism, hizo lugar a la cautelar que le había pedido el Frente de Todos sobre uso clientelista de estos planes y determinó que deben ser suspendidos hasta después de las elecciones del 27 de octubre.
Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello consideró que debe suspenderse la operación ya que podría ser usada “con un mensaje electoralista” de cara a los comicios generales.
A pesar del dictamen de Di Lello comenzaron a circular esta semana los mensajes del Banco Nación y del Provincia con el objeto de articular los pagos por ventanilla hasta el 19 de octubre.
El apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, hizo una presentación para frenar el pago del bono y denunció que el oficialismo ofreció una recompensa de $5000 a los fiscales de mesas en las que Mauricio Macri sea el candidato más votado el 27 de octubre.
“Coincido con la preocupación de los denunciantes, toda vez que no se atacan los efectos del subsidio”, explicó Di Lello en su dictamen.
