Por Lucía y por Todes: el grito por #NiUnaMenos se escuchó en todo el país

El colectivo de mujeres redobló la apuesta contra la violencia machista y realizó masivas movilizaciones en todo el país.

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“Cuando el Estado te da la espalda, redoblar la lucha es una obligación”. Con el caso de Lucía Pérez como estandarte, la marea feminista volvió a inundar las calles de las principales ciudades del país, para reclamar el fin de la impunidad en los casos de femicidios y por la aplicación efectiva de políticas tendientes a erradicar la violencia de género en todos sus aspectos.

En nuestra provincia se realizó una movilización en plaza Independencia, que culminó con un acto en la explanada de Casa de Gobierno. Allí, y en simultáneo con el resto del país, miles de mujeres alzaron la voz para exigirle al Gobierno que articule medidas concretas contra esta problématica; a la Justicia le reclamaron que “deje de proteger a los asesinos de mujeres”.

“El fallo es muy preocupante realmente porque les dice a los agresores que nos pueden matar sin tener que pagar las consecuencias. Es por eso que marchamos, porque queremos que se acaben este tipo de situaciones y para ello necesitamos una verdadera Justicia”, reclamó Yanina Muñoz, referente de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, en diálogo con Radio Prensa.

Más allá del caso de Lucía, a nadie escapan los motivos de fondo que llevan a que por segunda vez en menos de una semana el colectivo de mujeres haya salido a las calles. Las preocupantes cifras hablan por si solas. Según los datos del Observatorio de Mumalá, sólo en los últimos 10 días se cometieron 13 femicidios en Argentina. En Tucumán, que en la última semana sumó un nuevo caso, fueron asesinadas 17 mujeres en lo que va del año, un 70% más que en todo 2017.

Nunca en nuestra provincia se habían registrado tantos crímenes de género como este año, lo que pone de manifiesto la necesidad de instrumentar cuanto antes herramientas concretas que protejan a nuestras mujeres y a sus hijos -si los tienen-. En este sentido, la Ley de Emergencia en Violencia de Género, sancionada el 21 de diciembre de 2016, pretendió ser ese instrumento. Lamentablemente, el Ejecutivo tardó casi un año en reglamentarla y a pocos días de que pierda vigencia aún no cuenta con presupuesto. “Lo que debía ser el principio de una solución definitiva se quedó en una mera cuestión declamatoria”, expresó al respecto Vicky Disatnick, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif.

La Legislatura puede “resucitar” la normativa, aprobando su extensión por otros 2 años. Pero hasta aquí, salvo algunas expresiones a favor, la mayoría de los representantes del pueblo tucumano se mostraron más preocupados por la contienda electoral que se aproxima que por dar respuestas al colectivo Ni Una Menos. “No nos han mostrado ninguna voluntad de darnos respuestas. Si no se trata en estos días, habremos perdido una oportunidad única”, remarcó Muñoz. Disatnick coincidió: “nuestra preocupación pasa porque no hemos visto voluntad política para poner fin a los femicidios y la violencia de género”.

A nivel nacional la cosa no cambia. Este año, el gobierno de Mauricio Macri destinó para el Instituto Nacional de las Mujeres un total de $11,36 por cada mujer víctima de violencia machista. Eso, sin tomar en cuenta la inflación, que para fines de diciembre habrá perforado la barrera de los 40 puntos y se habrá “comido” un 18% de las partidas. Para 2019, el presupuesto del Instituto sufrirá una reducción del 19,11%, como parte del ajuste generalizado que aplicará el Gobierno, limitando considerablemente su capacidad de acción. Entre otras funciones, este organismo tiene a su cargo la tarea de profundizar y jerarquizar políticas públicas para favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación y la violencia de género.

“Necesitamos que el Estado construya soluciones y deje de mirar hacia otro lado. Necesitamos por lo pronto que se genere un mapa de situación preciso para, a partir de allí, diagramar acciones y herramientas para erradicar la violencia. Necesitamos que los Gobiernos nacional y local se tomen en serio esta problemática y aporten todas las herramientas que sean necesarias para solucionarla”, remarcó Muñoz.

¿Que soluciones debía brindar la ley de Emergencia en Violencia de Género?

El texto de la ley 8.981 tiene por objetivo “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”, estableciendo “como política prioritaria para el Estado provincial” la concreción de ocho objetivos, entre los que figuran: el diseño y ejecución de acciones y programas específicos; la celebración de convenios con la Nación; la creación de espacios físicos transitorios para la contención y atención de víctimas; reforzar el funcionamiento del sistema judicial con competencia en la problemática; fortalecer la tarea de las ONG y de asociaciones intermedias; implementar el Registro Único de Denuncias para la elaboración de estadísticas; y brindar capacitación en las comunas rurales.

De los ocho objetivos propuestos en la normativa, uno de los más reclamados por el colectivo de mujeres es la construcción de refugios para quienes sufren de violencia doméstica, situación en la que ocurren la mayor cantidad de femicidos. Al día de la fecha, la Provincia no logró inaugurar ni uno sólo de estos espacios.

Otro de los puntos más sentidos para las mujeres en situación de violencia tiene que ver con las posibilidades de independencia económica, una condición necesaria para que puedan abandonar el hogar que comparten con su agresor. En este sentido, exigen la entrega de subsidios estatales y la creación de instancias de capacitación que permitan la inserción de las mujeres en el mercado laboral.

No menos importante es el reclamo contra la falta de acceso a la Justicia, una cuestión fundamental a resolver si se quiere avanzar en materia de prevensión. Según denunciaron desde Mumalá, en muchas ocasiones las denuncias por violencia de género terminan cayendo en saco roto por la falta de reacción y/o de recusos de los órganos de Justicia que deberían resolver estas cuestiones. En otros casos, es la indiferencia de quienes deben captar esas denuncias lo que obstaculiza el proceso. “Son muchísimas las mujeres que van a realizar una denuncia y que son ignoradas bajo un prejuicio histórico que aún no hemos podido superar. El oficial o agente de justicia que debe recibir la denuncia presupone que la víctima reestablecerá la relación con su agresor y por eso no la toma. Por todos estos temas es que no podemos dejar de luchar”, concluyó Muñoz.

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