Algo más de la mitad de los trabajadores asalariados que están en la informalidad se desempeñan en tres sectores de la economía: servicio doméstico, construcción y comercio. Así lo describe un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.
“En el servicio doméstico -donde la participación de las mujeres es de más de 90%-, la tasa de informalidad es del 74%, muy por encima del promedio de la economía; la construcción presenta una tasa del 71% y el sector del comercio, del 41%. Estos tres sectores concentran al 55% de los trabajadores informales y a alrededor del 35% de los ocupados de entre 15 y 65 años”, explicaron en el Cippec.
El informe también pone el foco en el sector de las actividades primarias -con un 50% de informalidad entre sus trabajadores- y la actividad en hoteles y restaurantes, donde la informalidad resulta del 43%. En sectores de la economía como los servicios financieros y la industria el problema existe, pero en menores proporciones: en cada uno de esos dos casos la informalidad llega al 10,3 y 27,5%, respectivamente.
Los datos muestran algunas de las características que tiene la informalidad laboral en la Argentina, un tema que el Gobierno pretende atacar (al menos en parte) con un plan de blanqueo laboral, con perdón de sanciones por incumplimientos, que debería ser aprobado por ley.
Según el último informe oficial del Indec, con datos al cuarto trimestre de 2017, la tasa de asalariados sin aportes llega al 34,2%. Ese índice significa que hay más de cuatro millones de personas que no tienen aportes previsionales; es decir, tres de cada diez personas que trabajan en relación de dependencia lo hacen sin contribuciones a la seguridad social. Y ese nivel de informalidad ha sido similar en los últimos años.
Desde el Ministerio de Trabajo señalan que existen tres ejes para pensar la informalidad: la falta de información sobre la ilegalidad, los incentivos económicos y la “litigiosidad laboral” -por la que algunos empleadores prefieren mantener empleados en negro y ahorrar costos laborales, para después concretar acuerdos que puedan resultarles económicamente más convenientes-. En 2017 el ministerio realizó inspecciones en 380.000 espacios, y en 118.000 encontraron que no se tenían certificados de alta temprana (un sistema requerido por la AFIP para el registro de empleados).
Según un informe del Cippec, entre las cuestiones determinantes de las tasas de informalidad hay variables geográficas, de género, de edad, de nivel educativo y de nivel de ingresos. También se advierte que debe tenerse en cuenta que la EPH solo considera a la población de zonas urbanas, a la vez que sus estadísticas sobre trabajo sin aportes corresponden solo a los trabajadores bajo relación de dependencia (no a los cuentapropistas). Sobre el total de ocupados, los asalariados son 75 de cada 100, un dato que se mantiene bastante constante en los últimos años.
Un factor que influye significativamente en la situación de formalidad o informalidad laboral de las personas es su posición dentro de la pirámide de ingresos. Entre quienes perciben menor cantidad de dinero según el ingreso per cápita familiar, la informalidad afecta a casi cuatro de cada diez asalariados, según el informe del Cippec. Mientras tanto, y por oposición, en el grupo de la población de mayores ingresos la tasa es mucho más baja: del 5,3%.
Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) detalla, en su informe sobre precariedad laboral, que entre 2010 y 2016 el porcentaje de asalariados que no participan del sistema de seguridad social pasó del 29,7% al 33,3%, mientras que la tasa de no asalariados que están al margen de lo formal pasó del 70,9% al 71,4%. El elevado nivel de este último indicador se explica por la existencia de un alto índice de pobreza, ya que en muchos casos estas personas ocupadas son cuentapropistas y pequeños emprendedores ligados a actividades económicas de subsistencia.
Agustín Salvia, sociólogo e investigador a cargo del relevamiento sobre condiciones sociales que realiza la UCA, explicó que la informalidad laboral ocurre en gran medida por un fin de “sobrevivencia económica”. “No solo hay un sector que está fuera de las regulaciones, que puede ser por conveniencia, sino que además es muy costoso ingresar a la formalidad. El verdadero problema reside en que la economía argentina es dual: una parte funciona por fuera del sistema impositivo, no porque evada ambiciosamente en función de fines de lucro, sino porque los niveles de productividad son muy bajos en materia de competitividad”, analizó.
“Un blanqueo puede ser muy bueno, siempre y cuando este asociado a un régimen especial de la seguridad social; se requiere un sistema que prevea [la posibilidad de crear] empleos decentes de bajo costo para las microempresas”, analizó.
La economista Nuria Susmel, de la consultora FIEL, coincidió en que la informalidad está vinculada a la productividad de la mano de obra: “La formalidad es muy cara en la Argentina. Las cargas tributaria y laboral son altas y por eso se necesita productividad; los sectores más improductivos terminan capturando la mano de obra más improductiva”, señaló.
“Hay negocios que solo cierran si no son formales y mientras no se baje la carga tributaria, hay sectores que quedan fuera de la línea y, así, mantienen empleados en la informalidad; en los últimos años, la importancia de ser formal se ha ido perdiendo porque algunos beneficios se mantienen aunque no estés dentro del sistema”, concluyó la analista.
