Mañana presentarán nuevamente el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo

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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta mañana el nuevo proyecto de ley que busca reabrir el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cuáles son los cambios respecto de la iniciativa tratada el año pasado

La marea verde volverá a abrazar al Congreso. Por octava vez y a 12 años de su creación, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelve a presentar el martes su proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, con las firmas de legisladoras y legisladores de todo el arco político, lo que reafirma el apoyo transversal que fue sumando esta histórica demanda. En simultáneo se realizará un pañuelazo federal en más de cien ciudades del país y en las principales capitales del mundo.

Desde las 15.30 se desarrollarán distintas actividades en los alrededores del Congreso, entre talleres y feria militante. A las 17.30, mientras en el Anexo C de la Cámara baja se anuncie en conferencia de prensa la nueva presentación, se realizarán múltiples concentraciones con los pañuelos verdes. El texto, como ya adelantó PáginaI12, despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. Se le incorporaron algunas modificaciones en relación al presentado un año atrás, en función del debate parlamentario y las discusiones territoriales que se dieron en las distintas regionales que componen la Campaña.

Incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la educación sexual integral y prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran, donde recibirán información, acompañamiento y métodos anticonceptivos. Por otra parte, fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.

“El aborto legal es tema de agenda. En la sociedad la discusión ya está saldada a favor de la no clandestinidad del aborto que mata mujeres. Es una año electoral y todes les candidates deberían tener una posición clara al respecto. Millones de personas así lo desean, como ya se ha demostrado en todo el país”, señaló a PáginaI12 la diputada de SOMOS, Victoria Donda, quien por tercera vez consecutiva es la primera firmante del proyecto. A la firma de Donda le siguen las de Brenda Austin, Mónica Macha, Romina del Plá, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Daniel Lipovetzki, Araceli Ferreyra, Mónica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Carolina Moisés, Daniel Filmus, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato y Hugo Yaski.

Que el proyecto este año se vuelva a aprobar en Diputados sería uno de los objetivos, para que quede pendiente su tratamiento en el Senado con la nueva composición luego de las elecciones: este año se eligen 24 senadoras y senadores. De todas maneras, el hecho de que se trata de un año electoral, es probable que sea obstáculo para la reapertura de la discusión de un tema que, se sabe, divide a la sociedad.

“Es importante presentar el proyecto porque mantiene la discusión y vigencia de un derecho todavía a conquistar. No podemos seguir asistiendo a muertes por abortos clandestinos e inseguros. Necesitamos que sea ley”, agregó a este diario la diputada Macha, de Unidad Ciudadana. Del Plá, del Frente de Izquierda, propuso que se haga una consulta popular vinculante “que coloque la decisión en las mayorías populares y no en el Parlamento de los dinosaurios, dominado por el lobby clerical”. “La legitimidad social y el quiebre generacional hacen de esto un camino en el que con sus avances y retrocesos, tarde o temprano será ley”, sostuvo, la radical Austin. “Después del avance que significó la histórica media sanción del proyecto, es doblemente importante volver a darle estado parlamentario en un año electoral. Durante la campaña los temas que se tratan son los que a la sociedad le interesa o le preocupa y quedó demostrado con las masivas movilizaciones populares que la legalización del aborto es un tema de sumo interés para una parte importante de los argentinos”, apuntó a este diario Lipovetzky, del PRO.

El proyecto establece que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento y debe estar cubierta la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas.

Una de las novedades que trae el texto es que se eliminó la causal de las “graves malformaciones fetales”, a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad. Tampoco se incorporó la fórmula que se acordó en Diputados, que despenalizaba y legalizaba también el aborto en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina. Ni dice nada en relación a la objeción de conciencia. Lo que sí aclara es que no se puede pedir ningún permiso judicial a quien solicite un aborto en los términos que define la ley.

El proyecto establece los alcances del derecho a la IVE y al mismo tiempo realiza algunas modificaciones al Código Penal. Como el anterior, no criminaliza a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar que se sometan o practiquen un aborto por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas. En el caso de los profesionales de la salud que intervengan solo mantiene penas cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.

En relación a las adolescentes, el texto dice que si se trata de una persona menor de 13 años quien demande la práctica, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”. Y cuando tiene entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su vida o su salud corren grave riesgo por condición preexiste, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.

La Campaña es una articulación federal que nuclea a más de medio millar de organizaciones de mujeres, del colectivo LGBTTI, sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales.

Se eligió el 28 de mayo para la presentación en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Fuente: Todojujuy

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