El juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez sumó nuevas declaraciones que aportaron detalles sobre los movimientos realizados por Felipe “El Militar” Sosa después del crimen. Durante las últimas audiencias, tres testigos brindaron información sobre la limpieza especial de una camioneta, la compra de una motocicleta de alta gama y el retiro de $57 millones de distintas entidades bancarias.
Los testimonios se incorporaron al debate que busca determinar las responsabilidades penales por el asesinato de la joven, ocurrido en enero de este año. En paralelo, el proceso atravesó un episodio de tensión luego de que Marcelo Cosiansi, uno de los abogados defensores de Sosa, presentara su renuncia y denunciara presuntas presiones sobre el acusado mientras permanece detenido.
Los testimonios sobre los movimientos de Sosa después del crimen
Una de las declaraciones más relevantes fue la de Patricio Graels, propietario de un lavadero ubicado en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. El comerciante confirmó que el 8 de enero Sosa llevó una camioneta Volkswagen Amarok y solicitó una limpieza especial del interior, por la que pagó $21.000.
Este dato cobró relevancia dentro de la investigación porque, según la hipótesis de la Fiscalía, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Érika hasta el descampado de Manantial Sur donde fue encontrado. El pedido de una limpieza profunda quedó así incorporado como parte de la reconstrucción de los movimientos posteriores al crimen.
Otro testimonio fue el de Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria de motocicletas, quien brindó detalles sobre una operación realizada por Sosa el 9 de enero. Según explicó, el acusado adquirió una KTM, entregó una moto usada, abonó $4 millones en efectivo y firmó un documento por un saldo de 10.000 dólares, que posteriormente habría sido cancelado por su padre.
La operación incluyó también la compra de indumentaria especial para realizar una travesía y el registro de la motocicleta a nombre de Justina Gordillo, expareja de Sosa, quien está acusada de encubrimiento. El rodado fue utilizado por el imputado para viajar a Buenos Aires, donde finalmente fue detenido. Para la Fiscalía, estos movimientos forman parte de la hipótesis de una posible fuga.
El tercer aporte correspondió al contador Rodolfo Del Pino, perito del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Durante su declaración, informó que el 8 de enero Sosa realizó tres operaciones bancarias en distintas entidades de la provincia y retiró por ventanilla un total de $57 millones.
En cuanto a Gordillo, el análisis detectó dos movimientos en su cuenta sueldo por un total de $910.000, sin transferencias provenientes de las empresas del acusado durante el período examinado. Los datos fueron incorporados al debate como parte del análisis de los movimientos económicos de los involucrados.
Qué plantearon la defensa y la querella sobre las pruebas
Las declaraciones también abrieron una discusión sobre la situación procesal de Justina Gordillo. Sus abogados, María Florencia Abdala y Camilo Atim, consideraron que los testimonios respaldaron su estrategia defensiva, ya que, según sostuvieron, fue Sosa quien llevó la camioneta al lavadero, compró la motocicleta y realizó los retiros de dinero.
Desde la querella, en cambio, el abogado de la familia de Érika, Carlos Garmendia, sostuvo que las declaraciones no modifican la acusación contra Gordillo. Señaló que a la mujer se le atribuye haber retirado la camioneta del lavadero y advirtió que los informes bancarios incorporados hasta el momento son parciales.
De esta manera, las distintas partes expusieron interpretaciones diferentes sobre los elementos presentados durante las audiencias. La responsabilidad de cada acusado deberá ser determinada por el tribunal al finalizar el debate.
Renunció uno de los abogados de Sosa y denunció presuntas presiones
Otro de los episodios que marcó las últimas jornadas fue la renuncia de Marcelo Cosiansi a la defensa de Felipe Sosa. El abogado comunicó su decisión ante el tribunal y atribuyó su salida a situaciones de amedrentamiento y conflictos con su defendido. También sostuvo que el acusado habría intentado agredir a su colega Rubén Flores Fares, quien continúa a cargo de la representación legal.
Tras apartarse del caso, Cosiansi afirmó que Sosa recibiría mensajes y presiones dentro del penal para que no declare determinados aspectos de la causa. Incluso mencionó la posibilidad de que esas situaciones estuvieran relacionadas con personas vinculadas al narcotráfico. Estas manifestaciones corresponden a las declaraciones del exdefensor y no deben interpretarse como hechos acreditados judicialmente.
Por su parte, Flores Fares indicó que Sosa podría volver a declarar una vez que finalicen las exposiciones de los peritos. El acusado ya había brindado una declaración espontánea durante una de las primeras jornadas del debate, en la que reconoció haber trasladado el cuerpo de la joven, aunque sostuvo que actuó sin la participación de otras personas.
Cómo continuará el juicio por el femicidio de Érika Álvarez
El debate oral tiene previsto reanudarse el miércoles 18 de noviembre, cuando comenzarán a declarar los peritos que participaron de distintas tareas técnicas durante la investigación.
Sus exposiciones estarán centradas en los informes y análisis realizados para reconstruir las circunstancias del crimen y los movimientos posteriores de los involucrados. Estas declaraciones se sumarán a los testimonios ya incorporados y permitirán avanzar en la evaluación de las pruebas presentadas por las partes.
El juicio comenzó el 26 de octubre y tiene como principal acusado a Felipe Sosa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. En el mismo proceso también se juzga a Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz por presunto encubrimiento. El tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de cada uno una vez que concluya la presentación de las pruebas y los alegatos.
