La intervención en la Municipalidad de Alberdi detectó controles laxos, desorden administrativo y falta de información clave sobre personal y recursos. Así lo confirmó el interventor Guillermo Norry, quien aseguró que aún no pueden acceder a documentación porque varios armarios continúan cerrados con llave.
Norry detalló que no hay trazabilidad en los datos del municipio y que el personal de gabinete saliente no colaboró con el proceso. El interventor también advirtió que no se pudo determinar con claridad cuántos empleados temporarios trabajan actualmente en la comuna. “Tenemos listados, pero verificamos uno por uno si esa persona realmente está trabajando”, afirmó.
El estado del parque automotor es otro punto crítico. “Está muy deteriorado y eso dificulta brindar servicios básicos”, señaló Norry. Para resolverlo, se enviaron maquinarias desde el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad y la SAT. Además, se busca terminar con urgencia una obra de cloacas en la zona céntrica y el hospital.
En medio de este panorama, el Gobierno provincial creó una nueva Secretaría de Seguridad para trabajar junto a la Policía. La medida apunta a recuperar el control urbano y dar respuestas tras el escándalo de los audios que desencadenaron la intervención. Norry aseguró que los vecinos muestran apoyo a la decisión oficial.
La Legislatura debe ratificar hoy el decreto que desplazó al intendente Luis Campos y a los 10 concejales. El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que hubo causas judiciales vinculadas al narcotráfico y que la intervención busca restaurar la legalidad institucional en el municipio sureño.
