La Cámara Federal de Mendoza declaró inconstitucional la ley 27.609 de movilidad previsional, aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández. Según el fallo, la fórmula no cumplió con su objetivo de proteger el poder adquisitivo de jubilados y pensionados, generando una pérdida acumulada del 50,3% entre enero de 2021 y marzo de 2024. La decisión podría generar una oleada de reclamos similares ante la ANSES.
El fallo, dictado en el caso “Cortés, Leonardo Evaristo c/ANSES s/ reajustes varios”, ordena que la ANSES ajuste los haberes del demandante en función de la inflación. Los jueces Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci consideraron que la pérdida de ingresos de los jubilados constituye una violación al principio de sustitutividad, situándolos en una posición de vulnerabilidad económica.
Durante la vigencia de la ley, los incrementos de los haberes se mantuvieron por debajo de la inflación, con pérdidas de hasta el 33,5% en 2023 y del 16,1% en el primer trimestre de 2024. Aunque el gobierno otorgó bonos adicionales, el tribunal argumentó que estos refuerzos no compensaron el deterioro real de los ingresos, afectando la garantía de igualdad ante la ley.
En respuesta, la ANSES podría apelar el fallo para que la Corte Suprema revise la sentencia, mientras se espera que esta resolución motive nuevas presentaciones de jubilados y pensionados afectados por el ajuste. La sentencia también sugiere que los bonos implementados por el gobierno fueron una evidencia de la “deficiencia de la fórmula” para sostener el poder adquisitivo.