Firmada por su titular, Estela de Carlotto, la organización Abuelas de Plaza de Mayo envió una carta a Sandra Mendoza, presidenta de la comisión legislativa de Peticiones y Acuerdos, manifestando su oposición a la polémica pretensión del gobernador Juan Manzur de insistir con la designación de Facundo Maggio en el Juzgado de Instrucción N°2 de esta capital y pidiendo su rechazo.
El organismo, dedicado a localizar y restituir a sus legítimas familias a los niños secuestrados durante la última dictadura argentina, fundamentó su postura asegurando que Maggio “no ha demostrado su compromiso con los derechos humanos tal como exige la importancia de la función para la cual es postulado”. En particular, Carlotto señaló su actuación en numerosos casos como abogado de militares represores, imputados por haber cometido delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.
“Maggio ejerció su tarea como defensor basándose en una reivindicación del terrorismo de Estado, una revictimización de los testigos y aplicando diversas estrategias de dilación en los procesos judiciales”, aseguró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, consignó como una contradicción y un eventual conflicto de intereses que Maggio haya desempañado ese rol de manera simultánea con el cargo de abogado de la Fiscalía de Estado de Tucumán. “Demostró en los hechos no estar a la altura de la función para la que se postula. Su nombramiento debe rechazarse y así lo solicitamos”, señaló.
Abuelas de Plaza de Mayo no es el primer organismo de derechos humanos que impugna la candidatura de Maggio: familiares de desaparecidos y otras fundaciones ya objetaron a la comisión legislativa que preside la oficialista Mendoza el nombramiento del abogado cuestionado.
