Una jubilada de 74 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de que una persona se hiciera pasar por empleado del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) y le ofreciera gestionar de manera remota la renovación de la cobertura del 100% en medicamentos.
Según la investigación, la maniobra permitió acceder a sus datos bancarios y gestionar un préstamo de $10 millones a su nombre. La Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I investiga el caso y, por el momento, tiene bajo la lupa a tres sospechosos.
Cómo habría comenzado el engaño
El hecho ocurrió el 23 de julio, minutos antes de las 17. La mujer recibió una videollamada de WhatsApp desde un usuario identificado como “Atención Personalizada”, cuya imagen de perfil utilizaba el logo del Subsidio de Salud.
Durante la comunicación, el supuesto empleado le indicó que debía actualizar la cobertura del 100% en medicamentos y le ofreció realizar el trámite de manera remota.
Para avanzar con la supuesta gestión, le solicitaron códigos y fotografías de los medicamentos que utilizaba. Luego, bajo el argumento de completar el procedimiento, le pidieron las claves de acceso al home banking del Banco Macro y a su cuenta de Tarjeta Naranja.
La mujer siguió las instrucciones y, poco después de finalizar la comunicación, advirtió que habían gestionado un préstamo de $10 millones a su nombre.
Cómo se movió el dinero
De acuerdo con la investigación, el dinero del préstamo fue acreditado inicialmente en la cuenta sueldo de la víctima en el Banco Macro. Desde allí fue transferido a una cuenta de Naranja X y posteriormente enviado a cuentas bancarias de terceros que ya fueron identificadas por los investigadores.
Además del crédito, la mujer tenía $248.000 disponibles en su cuenta bancaria que también habrían sido sustraídos durante la maniobra.
Después de advertir las operaciones, recurrió a una vecina y a sus hijos, quienes la acompañaron hasta la Comisaría Novena, donde realizó la denuncia.
Tres personas están bajo investigación
La causa está a cargo de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Hevia.
La pesquisa se concentra actualmente en la persona que habría realizado el contacto con la víctima y en los titulares de las cuentas que recibieron el dinero. Según la información difundida sobre la investigación, estos últimos aparecen vinculados a otros expedientes por maniobras similares.
Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los fondos y determinar qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.
La posibilidad de que exista una estructura más amplia dedicada a este tipo de estafas forma parte de las líneas de investigación, pero todavía no constituye una conclusión judicial.
Qué ocurre con el préstamo
En paralelo a la causa penal, el abogado querellante Juan Guerrero inició gestiones para intentar que el préstamo sea anulado y evitar que las cuotas sean descontadas del haber previsional de la víctima.
Según explicó el letrado, las cuotas del crédito rondarían los $700.000 mensuales, mientras que la mujer percibe una pensión apenas superior al millón de pesos.
La Fiscalía continuará con las medidas destinadas a determinar cómo se concretó la maniobra, quiénes participaron y cuál fue el destino final del dinero.
