San Miguel de Tucumán tiene 254 edificios que no cuentan con el certificado de final de obra, según los datos presentados por funcionarios municipales ante el Concejo Deliberante. De acuerdo con el relevamiento, más del 60% de esos inmuebles están terminados y habitados, una situación que llevó a las autoridades a reforzar el trabajo conjunto para evaluar cada caso y avanzar en alternativas de regularización.
El registro comprende aproximadamente 1.450 edificios de la capital. Durante una reunión entre representantes del Ejecutivo municipal y concejales de las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento, se analizó el alcance de las irregularidades y la necesidad de diferenciar los incumplimientos administrativos de aquellos que podrían comprometer la seguridad de las personas.
La discusión cobró relevancia tras la explosión y el incendio ocurridos en un edificio de Monteagudo al 120, que no contaba con el certificado de final de obra. A partir de ese episodio, el Concejo Deliberante solicitó información sobre el estado de las construcciones y los controles realizados por el Municipio.
Qué se sabe sobre los edificios sin final de obra
Los datos expuestos durante la reunión indican que más del 60% de los edificios sin certificado están terminados y habitados. Otro 8,7% figura como finalizado, pero permanece desocupado. Sin embargo, todavía no se difundió una clasificación definitiva que permita determinar cuántos de esos inmuebles presentan problemas que puedan afectar a sus ocupantes.
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, informó que se inspeccionaron 112 unidades y que en ninguna se detectó peligro para sus habitantes. No obstante, durante el encuentro no se precisó si esas unidades forman parte del grupo de edificios que no tienen final de obra, por lo que ambos datos deben considerarse por separado.
La falta del certificado puede responder a distintas situaciones: documentación pendiente, diferencias entre los planos aprobados y lo construido o incumplimientos que requieren una evaluación técnica más profunda.
Por eso, no tener el final de obra no significa necesariamente que un edificio sea inseguro. El certificado acredita el cumplimiento de los procedimientos y requisitos exigidos para finalizar formalmente una construcción. Su ausencia obliga a revisar qué documentación o adecuaciones faltan y si existen condiciones que requieran una intervención específica.
Qué medidas analizan el Municipio y el Concejo Deliberante
Durante la reunión, los funcionarios y concejales acordaron profundizar los relevamientos y trabajar en una clasificación de los inmuebles según la naturaleza y gravedad de sus irregularidades.
El coordinador de la Secretaría de Obras Públicas municipal, Luis Lobo Chaklián, explicó que el objetivo es distinguir los casos que podrían resolverse mediante el cumplimiento de requisitos pendientes de aquellos que necesitan estudios técnicos específicos antes de obtener una habilitación.
Entre las situaciones de menor complejidad mencionó diferencias en las superficies construidas, cocheras y dimensiones de determinados espacios. En cambio, los edificios que presenten condiciones de mayor peligrosidad deberán someterse a controles más rigurosos.
El Municipio deberá presentar un informe más detallado para identificar las irregularidades y establecer qué medidas corresponden en cada caso. A su vez, el Concejo Deliberante analizará herramientas normativas que permitan regularizar los incumplimientos subsanables y revisar las sanciones ante las infracciones que persistan.
El presidente del cuerpo legislativo, Fernando Juri, señaló que se podrían estudiar excepciones mediante ordenanzas cuando las modificaciones pendientes no impliquen riesgos para las personas. También aclaró que la intención no es avanzar con desalojos generalizados, sino encontrar soluciones que contemplen la seguridad de los habitantes.
El antecedente del edificio de Monteagudo al 120
La explosión y el incendio registrados en el inmueble de Monteagudo al 120 impulsaron el pedido de información sobre los edificios que no completaron los trámites correspondientes. Según las publicaciones periodísticas, la construcción no contaba con el certificado de final de obra y acumulaba intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades.
El episodio motivó a los concejales a solicitar un diagnóstico actualizado sobre las construcciones en situación irregular, los controles efectuados y las herramientas disponibles para exigir el cumplimiento de las normas.
Sin embargo, la falta del certificado no permite establecer por sí sola que exista una relación entre esa situación administrativa y lo ocurrido en Monteagudo al 120. Las condiciones particulares de cada inmueble deben evaluarse por separado.
Cómo afecta esta situación a los propietarios y vecinos
La falta del final de obra puede generar dificultades para los propietarios que necesitan completar la documentación de sus viviendas y acceder a las escrituras correspondientes. El problema afecta especialmente a quienes adquirieron unidades de buena fe, pero dependen de que las empresas constructoras regularicen los trámites pendientes.
El concejal Federico Romano Norri, presidente de la Comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, señaló que el objetivo es encontrar mecanismos que permitan resolver esas situaciones sin dejar de lado las condiciones de seguridad y habitabilidad.
Las irregularidades detectadas pueden abarcar desde faltantes de elementos de seguridad, como matafuegos y luces de emergencia, hasta modificaciones constructivas que requieren una evaluación técnica. Por eso, las soluciones no serán necesariamente iguales para todos los inmuebles.
El próximo paso será avanzar con el informe municipal y determinar qué edificios pueden regularizarse mediante adecuaciones administrativas y cuáles necesitan estudios o intervenciones específicas. Hasta que se complete ese diagnóstico, no hay una clasificación definitiva que permita establecer cuántos de los inmuebles relevados presentan riesgos para sus ocupantes.
