José Díaz, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, denunciando “prácticas autoritarias y maniobras abusivas”.
José Díaz y otros 50 empleados de la Caja Popular de Ahorros enfrentan un Juicio de Responsabilidad dictado por el Tribunal de Cuentas.
Según las investigaciones administrativas, se responsabiliza a Díaz por las comisiones de servicios en las cuales autorizó a los empleados acusados a prestar servicios en otras reparticiones.
Lizárraga, en su última presentación, menciona que el conflicto se originó cuando Díaz, al asumir su cargo, descubrió irregularidades que, según él, habían sido aprobadas previamente por el Tribunal de Cuentas.
Entre las presuntas actividades ilegales se encontraba la participación de algunos trabajadores de la CPA y de Esteban González, un asesor con licencia del Tribunal de Cuentas, quien sería pariente de Terraf.
Esta situación había sido denunciada por la intervención de la CPA ante la Justicia. González, abogado del organismo de contralor, había tomado licencia para asesorar a la Caja Popular durante la gestión anterior.
Lizárraga argumenta que el parentesco entre González y Terraf es un agravante y debería ser motivo suficiente para que Terraf se excuse del proceso, una solicitud que Terraf rechazó.
Además de pedir la nulidad de los cargos contra Díaz, Lizárraga solicitó la suspensión de los plazos procesales y la recusación de Terraf.
También extendió la recusación a otros empleados del Tribunal, Atilio Peluffo y Ramiro González Navarro, acusándolos de falta de imparcialidad.
