El decreto provincial que suspende temporalmente cualquier práctica relacionada al vuelo libre luego de la muerte de Natalia Vargas, generó polémica y sobre todo confusión. La competencia del gobierno tucumano para prohibir transitoriamente la práctica y la responsabilidad de Nación en el control de los pilotos son los principales ejes de la cuestión.
La práctica de parapente y deportes similares fue autorizada en todo el país en diciembre de 2001. La disposición 171/01 derogó la antigua normativa de la Fuerza Aérea Argentina, que prohibía la práctica por carecer de una aeronave para realizarla. El documento autoriza la actividad a los denominados “aerodeslizadores” (parapentes, alas delta y similares) en horario diurno y bajo condiciones meteorológicas específicas. También establece zonas de vuelo propuestas por la Federación Argentina de Vuelo Libre (FAVL), dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y por los clubes aerodeportivos regulados por la misma federación.
Sin embargo, la normativa no se encuentra vigente, según se puede ver en la página web del organismo regulador de la aviación civil, y se desconoce desde cuándo. La muerte de la médica tucumana hizo accionar a la Provincia que, en plena crisis mediática, notó la ausencia de regulación ─en los papeles─ por parte de Nación, a quien le corresponde originalmente el control del espacio aéreo y de las licencias de los pilotos que ofrecen sus servicios comerciales en todo el territorio nacional. Este descuido y falta de claridad del Estado nacional es el motivo del decreto impulsado por el Poder Ejecutivo tucumano, a cargo del vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Desde hace al menos tres años, cuando se detectó por primera vez la invalidez de la norma que permitía el vuelo libre, que el parapentismo de Tucumán y del resto del país acusan no estar regulados. En el medio, por la provincia pasaron fechas del Campeonato Argentino de Parapente (CAP) e incluso un Mundial. Para este 2018 también están programadas dos fechas del CAP. La medida frenará estos eventos hasta que la ANAC se expida sobre la regulación.
“No sabemos la fecha exacta de la no vigencia, tomamos la determinación hasta asegurar la regulación”, dijo Claudio Maley, ministro de Seguridad, a eltucumano.com. El funcionario explicó que la decisión se tomó para asegurar que el organismo correspondiente tome control nuevamente sobre el espacio aéreo y determine los instrumentos necesarios para tal fin.
Pablo Jaraba, presidente de la FAVL, admitió a este medio que tenían conocimiento de la invalidez de la disposición que permitía la práctica de vuelo libre, pero lo atribuye a cuestiones burocráticas de la ANAC. “La administración (ANAC) viene muy sobrecargada; hemos tenido situaciones de cruces por este tema”, reclamó y reveló que desde el organismo nacional se comprometieron a poner en vigencia una regulación en 2018. Jaraba indicó que una ley les transfirió la potestad de controlar la actividad deportiva y comercial y de elaborar normativas. Además aclara que, ante la ausencia de reglamentación nacional, se rigen por la normativa de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI). “Contamos con el apoyo de entes internacionales, desde Nación no tenemos normativa”, explicó.
Ante estos dichos, Maley considera necesaria una regulación nacional, más allá del aval internacional. “Puede haber normas internacionales, pero debe estar la norma local. Debemos tener un documento madre del Estado argentino”, enfatizó.
El decreto no cayó bien en el ambiente parapentista local, aunque la federación mostró su aval. Sergio Bujazha, administrador de Loma Bola, aseguró que nada cambió desde la puesta en vigencia de la disposición que hoy figura nula. “Todas las mismas reglas están vigentes hace años; desde Anac nos dijeron que nada cambio”, aseguró. En consonancia con Jaraba, aseguró que se le transfirió por ley a la FAVL la potestad de controlar y reglamentar: “Lo que hicieron hace mucho tiempo es darle la potestad a la Federación por medio de CADEA (Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas) para que dicte sus propias normas”.
Bujazha se muestra contrariado con la decisión del gobierno provincial y la falta de aclaratoria de parte de las entidades nacionales, teniendo en cuenta que ANACdistinguió a Loma Bola por su “constante aporte a la difusión del deporte a través de la organización de 19 encuentros nacionales”, en noviembre de 2016. Para el referente tucumano de parapentismo esto no hubiera sido posible sin una regulación vigente. “Parte de la confusión es por el cambio de autoridades, porque los nuevos no tienen idea del tema que está pasando en la provincia”, explicó.
La determinación tomada por el gobierno provincial no diferencia entre la actividad comercial y la deportiva; impide por completo cualquier práctica de vuelo libre. En Tucumán hay siete pilotos biplaza habilitados por la FAVL para ofrecer sus servicios, y cuatro de ellos son prestadores turísticos. Esta figura es ofrecida de forma gratuita a los parapentistas por el Ente Tucumán Turismo a modo publicitario. El requisito es tener los papeles al día. Esta es la única instancia en que la Provincia tiene la oportunidad de controlar a quienes ofrecen servicios comerciales, y es voluntaria. En provincias como Córdoba, esta modalidad es obligatoria según lo establece la ley provincial 8.801.
Hasta que las entidades nacionales aclaren el marco legal, desde el Ministerio de Seguridad controlarán que nadie despegue desde ninguna de las pistas que posee la provincia. No descartan la presencia policial en los lugares de práctica habitual para hacer cumplir la decisión gubernamental. “Lo que menos queremos es perjudicar la actividad”, concluyó Maley.
FUENTE: EL TUCUMANO
