El legislador provincial se pronunció tras la investigación que involucra a siete efectivos de la Policía de Tucumán por su presunta participación en un operativo vinculado al secuestro de 66 kilos de cocaína en Salta. En ese contexto, volvió a impulsar la creación de una Inspectoría General de Asuntos Internos para fortalecer los controles sobre la fuerza.
La investigación se originó a partir de un operativo realizado en el paraje El Potrero, en la provincia de Salta, donde fueron secuestrados 66 kilos de cocaína y quedaron bajo sospecha siete efectivos de la Policía de Tucumán, actualmente investigados por la Justicia.
El caso, que derivó en el pase a disponibilidad de los agentes mientras avanza la causa judicial, generó repercusiones en el ámbito político tucumano y reavivó el debate sobre los mecanismos de control dentro de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, el legislador provincial José Cano expresó su preocupación por la gravedad del episodio y sostuvo que lo ocurrido evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión y transparencia dentro de la institución policial.
Cano advirtió sobre fallas en los controles policiales
Tras conocerse el avance de la investigación, Cano calificó el caso como un hecho de “extrema gravedad institucional” y cuestionó el funcionamiento de los mecanismos internos de control de la fuerza.
“Estamos ante un hecho de una gravedad institucional intolerable que confirma lo que venimos advirtiendo: el narcotráfico ha permeado estructuras clave de la seguridad provincial”, afirmó el legislador.
Además, puso en duda el nivel de supervisión existente sobre el accionar de los efectivos involucrados y consideró que situaciones de este tipo reflejan deficiencias estructurales dentro del sistema.
“¿Cómo es posible que un destacamento se maneje solo, fuera de su jurisdicción y con total autonomía para delinquir sin que la superioridad tenga control alguno?”, expresó.
Para Cano, el pase a disponibilidad dispuesto sobre los policías investigados constituye una medida administrativa, aunque sostuvo que el caso requiere reformas de fondo para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
La propuesta para fortalecer el control sobre la Policía
Como respuesta a este escenario, Cano volvió a impulsar su proyecto para crear la Inspectoría General de Asuntos Internos, un organismo civil e independiente destinado a investigar posibles irregularidades dentro de la Policía de Tucumán.
Según explicó, la iniciativa propone que el organismo sea conducido por una persona ajena a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar investigaciones imparciales y evitar posibles conflictos de interés.
El proyecto contempla además la realización de auditorías patrimoniales, controles permanentes y la implementación de un registro digital inalterable para fortalecer la trazabilidad de la información y reducir las posibilidades de adulteración de documentación interna.
De acuerdo con el legislador, el objetivo es que las investigaciones disciplinarias no dependan exclusivamente de la propia estructura policial, sino que cuenten con un mecanismo de supervisión externo que contribuya a fortalecer la transparencia institucional.
“Hay que proteger a los buenos policías”, afirmó Cano
En el tramo final de sus declaraciones, Cano remarcó que la propuesta no apunta a cuestionar a toda la institución policial, sino a brindar herramientas para detectar a quienes incumplen la ley y respaldar a los efectivos que desempeñan correctamente su función.
“Mi proyecto impulsa la creación de este organismo civil para perseguir y castigar a los delincuentes disfrazados de policías que manchan el uniforme. Pero, sobre todo, busca blindar y proteger a los buenos agentes que hoy no denuncian estos delitos por miedo a las represalias de sus superiores”, sostuvo.
Mientras la Justicia continúa avanzando con la investigación sobre el caso ocurrido en Salta, el episodio volvió a instalar el debate sobre los mecanismos de control dentro de las fuerzas de seguridad y las herramientas institucionales necesarias para prevenir hechos de corrupción y posibles vínculos con organizaciones criminales.
