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Casi 4 mil teléfonos son denunciados como robados cada día en la Argentina

En los primeros 6 meses de 2017 se robaron en la Argentina 718.744 teléfonos; son, en total, 3927 dispositivos por día. Este es el resultado de los datos que obtiene la GSMA de parte de las compañías telefónicas; a su vez, la GSMA es quien informa de estos datos al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para nutrir las listas negras de IMEIs y evitar que los aparatos vuelvan a ser activados en alguna de las redes de las empresas de telefonía.

¿Por qué listra negra? El IMEI es un número unívoco de cada aparato, un número de serie que lo identifica ante la proveedora de telefonía. Cuando un teléfono se conecta a la red, la operadora debería contrastar ese IMEI que informa con los de la lista negra; si el número está en la lista negra, la operadora lo rechazará y no le dará servicio.

Los datos de dispositivos sustraídos no corresponden únicamente a los que suceden en la vía pública, sino que también incluyen datos de aquellos que fueron robados de manera masiva, en containers, camiones o locales, por ejemplo.

En noviembre de 2016 la misma cámara GSMA calculaba que eran 6000 los equipos robados al día. Y la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles (Catema) afirmaba que eran 7000 los teléfonos que cada día entraban por contrabando.

Pero el número es estimado. “La mayoría de la gente no denuncia un robo de celular”, afirman en la Policía porteña, que considera a las cifras del Enacom como las válidas. Según explica Lucas Gallitto, director de políticas públicas de la GSMA para Latinoamérica, es difícil definir un número exacto “porque este proceso recién comenzó el año pasado y los números pueden cambiar porque más gente tiene conciencia que con solo llamar a su operador ya puede denunciar el IMEI de su último dispositivo”, aclara.

Así, las cifras de los últimos 22 meses que provee la GSMA son escalofriantes: 2.684.332 de teléfonos robados en el país.

Celulares robados, secuestrados en un local del barrio de Once

 

Denunciar un celular robado

En varios testimonios recogidos, damnificados que pretendieron denunciar el robo de un teléfono ante al operadora no pudieron hacerlo porque no tenían el número anotado. En teoría, las telefónicas tienen el dato, porque es el mismo teléfono el que se lo brinda cuando se conecta. Pero las operadoras sostienen que esa información puede no estar disponible en una primera instancia de atención telefónica, pero sí pueden brindarla tras una investigación más exhaustiva.

Para agilizar la denuncia, aconsejan que los dueños del teléfono anoten ese IMEI, o que llamen a la operadora para registrar un dispositivo nuevo una vez que lo hayan adquirido, o ante un cambio de terminal. Y que también, ante un robo, no solo pidan la baja temporal de la línea, sino que denuncien además el robo del equipo para que a la vez pueda ser informado a la lista negra. El número de IMEI está anotado en la caja del teléfono; también se puede ver marcando *#06# en el teléfono, y anotando el número de 13 cifras que se muestra en pantalla.

Una vez iniciado ese trámite para denunciar un teléfono robado -y siempre que tengan toda la información- las telefónicas envían los IMEIs denunciados a la lista negra de la GSMA, que a su vez provee esa base de datos al Enacom. El Ente provee un servicio para que los usuarios eviten comprar dispositivos denunciados: una página para visitar, ingresar el IMEI de un teléfono usado que se está por adquirir, y verificar que no esté en la lista negra. .

La consulta puede ser clave: el bloqueo no es inmediato, como sí lo es la aparición en esa lista. “Antes de comprar un teléfono por canales no oficiales, conviene siempre pedir el número de IMEI para verificar”, explican desde las telefónicas.

Los IMEI denunciados como robados se bloquean en las redes de las compañías prestadoras del servicio móvil y no se conectan. Sin embargo, también existen adulteraciones de los IMEIs, lo cual esquiva el bloqueo en la red. “La adulteración del IMEI debería estar tipificada como delito. En la Argentina es apenas una contravención. Y también los fabricantes deberían hacer más difícil esta tarea”, señala Gallitto.

 

FUENTE: LA NACIÓN

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