El debate sobre los costos que generan los siniestros viales volvió a instalarse en Tucumán luego de que el Gobierno provincial anunciara medidas destinadas a recuperar los gastos de atención médica derivados de accidentes de tránsito en hospitales públicos.
La iniciativa busca aliviar el impacto económico que estos hechos producen sobre el sistema sanitario provincial. En ese contexto, el legislador José Cano valoró la decisión, aunque consideró que la discusión debe ampliarse hacia la responsabilidad de quienes provocan accidentes mientras conducen bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
Recuperar recursos públicos, pero también exigir responsabilidades
Cano sostuvo que resulta positivo que el Estado busque recuperar recursos que actualmente son afrontados por el sistema público de salud.
“Es positivo que el Estado busque recuperar recursos que hoy afronta el sistema público de salud. Pero también debemos discutir quién se hace cargo de las consecuencias cuando un conductor decide manejar de manera irresponsable y pone en riesgo la vida de otras personas”.
Según señaló, la medida representa un avance importante en materia administrativa y financiera, aunque advirtió que el debate no debería limitarse únicamente a la recuperación de gastos, sino avanzar sobre las responsabilidades de quienes generan esos costos mediante conductas evitables.
La propuesta para que los responsables asuman los costos
El parlamentario recordó que presentó en la Legislatura un proyecto de ley destinado a que los conductores que ocasionen accidentes bajo los efectos del alcohol o drogas deban afrontar los gastos derivados de su conducta.
La iniciativa contempla costos vinculados a la atención médica, traslados, intervenciones de emergencia y otros recursos públicos que deban utilizarse como consecuencia del siniestro.
“La sociedad no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones individuales que son evitables. Quien conduce alcoholizado o drogado y provoca un accidente debe hacerse responsable de los daños que genera”.
Para Cano, la propuesta busca reforzar el principio de responsabilidad personal y generar un efecto disuasorio frente a conductas de riesgo al volante.
Los recientes accidentes reavivaron el debate sobre seguridad vial
Las declaraciones del legislador se producen en un contexto de fuerte preocupación por la seguridad vial en Tucumán.
En menos de una semana, distintos siniestros registrados sobre la Ruta Nacional 38, en la zona del Mercofrut y en otros puntos de la provincia dejaron varias víctimas fatales, generando conmoción y renovando los cuestionamientos sobre los controles, la infraestructura vial y las conductas imprudentes al conducir.
Estos hechos volvieron a poner en el centro de la agenda pública la necesidad de avanzar con medidas que permitan reducir la cantidad de accidentes y sus consecuencias.
Prevención, controles y cambio cultural
Cano consideró que las políticas públicas deben combinar medidas de control, sanciones efectivas y acciones de concientización.
“Cada año vemos cómo los siniestros viales dejan víctimas fatales, personas con secuelas permanentes y un enorme impacto sobre el sistema de salud. Necesitamos un cambio cultural que desaliente estas conductas y promueva una mayor conciencia al volante”.
En esa línea, remarcó que la seguridad vial requiere una estrategia sostenida en el tiempo que permita reducir los niveles de siniestralidad y fortalecer la prevención.
Una problemática que atraviesa a toda la provincia
Mientras la Provincia avanza con mecanismos para recuperar gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, también comienza a ganar espacio la discusión sobre la responsabilidad económica de quienes generan esos costos mediante conductas imprudentes.
La iniciativa impulsada por Cano apunta a fortalecer ese principio y sumar herramientas a una política integral de seguridad vial. Más allá de las diferencias sobre cómo implementar estas medidas, el debate vuelve a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a toda la provincia: cómo reducir la cantidad de accidentes de tránsito y quién debe asumir las consecuencias cuando una conducta irresponsable termina afectando a terceros y al sistema público.
