El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en agosto, lo que desató un nuevo foco de tensión con el sistema público de educación superior. La decisión también alcanzó a la ley de emergencia pediátrica que beneficiaba al Hospital Garrahan. El veto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y ahora será el Congreso quien defina si confirma o rechaza la medida.
El texto vetado establecía una recomposición presupuestaria para las universidades públicas, con actualización de partidas según la inflación, mejoras salariales, infraestructura, becas y fondos para carreras estratégicas. Además, proponía un esquema de financiamiento progresivo del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031. Desde el Gobierno argumentaron que estas leyes generan un “desequilibrio fiscal” que atenta contra la estabilidad macroeconómica.
La reacción fue inmediata: los gremios universitarios anunciaron un paro nacional y protestas en todas las facultades del país, incluida la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde docentes y estudiantes preparan cortes y movilizaciones. “Este veto es un ataque directo a la universidad pública y al derecho a la educación”, expresaron desde la CONADU Histórica.
El rechazo también se sintió en sectores de la salud, por el veto a la ley que buscaba fortalecer el financiamiento del Hospital Garrahan, centro pediátrico de referencia nacional. Las críticas apuntan a que el Ejecutivo “desoye las necesidades más urgentes”, justo cuando en varias provincias –entre ellas Tucumán– se registran recortes y faltantes de insumos en hospitales públicos.
El Congreso deberá tratar ahora los vetos en sesión. Un antecedente reciente marca el pulso político: ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Si se repite el escenario, Milei podría enfrentar una nueva derrota legislativa en medio del debate por el Presupuesto 2026.