La Legislatura de Tucumán sancionó una normativa clave para la modernización del sector público esta semana. La Cámara aprobó la creación de una ley de ética para regular el uso de la inteligencia artificial en todo el ámbito estatal. Los parlamentarios decidieron adherir a las recomendaciones internacionales de la Unesco sobre la materia. Esta determinación fijó criterios obligatorios para la implementación de estas tecnologías en los organismos gubernamentales. El objetivo central de la medida fue establecer un marco legal que garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos frente a los algoritmos.
El debate parlamentario
La iniciativa generó consenso en el recinto tras el análisis de diferentes propuestas. El dictamen final tomó como base los proyectos presentados por las legisladoras Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas. Vargas Aignasse fundamentó la importancia de la ley durante la sesión. Ella destacó que la tecnología dejó de ser una promesa futura para convertirse en una realidad ineludible. La legisladora afirmó que el uso de la inteligencia artificial se transformó en una estructura transversal que requería regulación inmediata.
Alcances y obligaciones
La nueva normativa estableció un precedente importante en la regulación pública. El texto dispuso que el cumplimiento de las recomendaciones éticas será obligatorio para todos los estamentos. Esto incluyó a los tres Poderes del Estado Provincial, así como a los entes centralizados, descentralizados y organismos autárquicos. La ley buscó evitar vacíos legales en un momento donde la administración pública comenzó a incorporar estas herramientas en sus procesos diarios para mejorar la eficiencia.
Principios rectores
La legislación definió directrices claras para asegurar un desarrollo tecnológico justo. Los principios rectores que adoptó la provincia incluyeron el respeto irrestricto a los derechos humanos y la promoción de la equidad. La norma enfatizó la necesidad de garantizar la no discriminación en los procesos automatizados. También se establecieron pautas estrictas sobre la transparencia de los sistemas y la responsabilidad en su supervisión. Otro punto crucial fue la protección de la privacidad y el manejo seguro de los datos personales de los tucumanos. De esta forma, Tucumán buscó equilibrar la innovación con las garantías constitucionales.
