El próximo jueves, a las 10 de la mañana, en los Tribunales Penales ubicado en Sarmiento esquina Laprida, el movimiento feminista de Tucumán se sumará a la marcha nacional para pedir justicia por Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez.
“Este #17F nos movilizamos en todo el país por el femicidio de Úrsula, uno más que podría haberse evitado”, indicaron desde Mumalá Tucumán, en adhesión a la convocatoria lanzada a nivel nacional bajo la consigna “El Estado es Responsable”. Durante la jornada, en donde se recordarán a todas las víctimas de violencia machista, se exigirá al Gobierno nacional la declaración de la la Emergencia Ni Una Menos “para pasar de los discursos a la inversión pública acorde a la dimensión de la problemática con medidas concretas”.
Desde el feminismo hicieron hincapié en que Úrsula, realizó denuncias previas a su atacante y se encontraba amenazada de muerte. “Sin embargo, la desidia policial y judicial una vez más dieron lugar al femicida para moverse comodamente, violentar y luego matar una mujer con total impunidad”, denunciaron ante un nuevo femicidio que sacude a la opinión pública por los padecimientos que sufrió la víctima, quien no obtuvo respuesta alguna ante sus denuncias.
En este sentido, resaltaron que “su familia y amigos protestaron frente a la comisaría y fueron brutalmente reprimidos por la policía bonaerense” y advirtieron que el femicidio de Úrsula “es uno de entre los muchos otros que ocurren en manos de policías con armas reglamentarias”. De acuerdo al último informe del Observatorio MuMaLá el 12% de los femicidios al 31 de enero de este año, fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados. Además, el 20% de las víctimas de femicidios habían realizado denuncias previas.
Las organizadoras de la marcha anticiparon que se pedirá justicia por Úrsula y “por todas las víctimas de femicidio y trans travesticidios”. Entre las demandas al Estado “por una vida libre de violencias” figuran, entre otras, la articulación entre los tres poderes y niveles del Estado; el monitoreo y seguimiento de los instrumentos e instituciones que debe garantizar Acceso a la Justicia del Poder Ejecutivo y Judicial; la implementación y seguimiento de los protocolos al interior de las fuerzas de seguridad ante situaciones de violencia de genero ejercida por sus agentes; el Registro Único de Situaciones de Violencia de Género; inversión en dispositivos electrónicos para agresores; asistencia económica para personas en situación de violencia de género y organizaciones que acompañan en territorio; e implementación y monitoreo de la Ley Micaela y Educación Sexual Integral
Fuente: El Tucumano
