Este jueves, sesionó la Legislatura de Tucumán y aprobó por amplia mayoría prorrogar la Emergencia en Seguridad en nuestra provincia hasta 2023: la normativa extiende también el estado de emergencia en materia carcelaria y policial y en seguridad vial y permitirá la construcción de una nueva cárcel, que en principio se emplazaría en la localidad de Benjamín Paz, Trancas.
Desde el oficialismo provincial destacaron las inversiones en recursos humanos y técnicos en materia de seguridad, mientras que desde la oposición en líneas generales hubo críticas a la gestión en materia de seguridad, pero votaron a favor de la prórroga de la emergencia, reclamando mayor presupuesto y más inversiones.
La Ley 9.057 fue aprobada en octubre de 2017 y prorrogada desde entonces: la misma declara la Emergencia en Seguridad Pública con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado, y el avance de los delitos contra la propiedad, que afectan a nuestra Provincia, por el término de dos (2) años a partir de la publicación de la presente Ley, la que podrá ser prorrogada fundadamente por igual término. Se entiende, a los efectos de la presente Ley, como “delito complejo” y “crimen organizado”, los delitos enumerados, de manera no taxativa, en el Artículo 1° del Decreto Nacional N° 228/16 y su prórroga, a saber:
1. Delitos de producción, tráfico y comercialización de estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737;
2. Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes previstos en la Ley N° 22.415;
3. Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del Artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del Artículo 41 quinquies del Código Penal;
4. Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (Artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
5. Delitos de fraude contra la Administración Pública (Artículo 174, inciso 5°, del Código Penal);
6. Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;
7. Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los Artículos 125, 125 bis y 128 del Código Penal;
8. Delitos de financiación del terrorismo (Artículo 306 del Có digo Penal);
9. Delitos de extorsión (Artículo 168 del Código Penal);
10. Delitos previstos en la Ley N° 24.769; 11. Delitos de trata de personas (Ley N° 26.364).
Además, en el marco de la misma se faculta al Poder Ejecutivo a “transferir empleados de la planta permanente de las reparticiones que componen la Administración Pública Provincial, y sus distintos organismos, a comisarías, dependencias o reparticiones policiales, con finalidad de realizar tareas administrativas, desafectando a los agentes policiales de esta labor interna, y destinándolos a incrementar la vigilancia pública en las calles de nuestra Provincia” y “convocar al Personal Policial jubilado o en situación de retiro activo, que no hubiere sido sancionado en el ejercicio de sus funciones, que no hubiere sido procesado penalmente y que se encuentre física y psíquicamente apto para desempeñar funciones de seguridad, a prestar servicios en la Policía de la Provincia. La presente disposición, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Las transferencias de personal que se autoricen por esta norma, en todos los casos deberán revestir carácter voluntario para el personal transferido o convocado y la prestación de servicios del personal jubilado o en situación de retiro activo, deberá ser acordemente remunerada”.
Por otra parte, se declara la Emergencia en Política Carcelaria y Policial, que permite “adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario y policial” y “ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Servicio Penitenciario de nuestra Provincia”. En ello se enmarca la construcción de la nueva cárcel de -en principio- Benjamín Paz: se aprobó también la expropiación del inmueble en que estaría emplazada. El proyecto firmado por el gobernador interino Osvaldo Jaldo y el exministro de Seguridad, Claudio Maley, busca asignar “destino al inmueble cuya descripción se realiza infra a los fines de la construcción de un Nuevo Complejo Penitenciario de Tucumán”.
Fuente el tucumano
