El Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a nueve años a ‘Bicho’ Díaz y cuatro y cinco años a las imputadas María Antonia Peñaflor e Isabel Usandivaras. Se decomisó el local donde funcionaba el prostíbulo Night Club, donde explotaban a las víctimas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, en línea con el pedido de la fiscalía, condenó este viernes a Hugo José Antonio “Bicho” Díaz a la pena de nueve años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas en las fases de captación y acogimiento agravada por la consumación del hecho en perjuicio de las cuatro víctimas del caso en el que se investigó el funcionamiento de los prostíbulos Night Club y El Límite en la zona de El Bajo, en San Miguel de Tucumán.
Las otras dos imputadas en la causa, María Antonia Peñaflor e Isabel Usandivaras, fueron condenadas a cinco y cuatro años de prisión respectivamente en calidad de partícipes necesarias en las mismas fases del mismo delito. El fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi -quienes actuaron en el debate con la colaboración del representante local de la PROTEX, Daniel Weisemberg– habían pedido la imposición de penas de seis años de prisión para las dos mujeres.
El tribunal, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, Enrique Lilljedahl y Jorge Basbus, dará a conocer los fundamentos el 13 diciembre. Los jueces revocaron la excarcelación de Díaz, dispusieron el arresto domiciliario con implementación de la vigilancia electrónica, mantuvieron la excarcelación de las dos mujeres condenadas y ordenaron el impedimento de acercamiento por cualquier medio a las víctimas de esta causa.
Además, dispusieron el decomiso del inmueble de la zona de El Bajo donde funcionó el prostíbulo “Night Club”, lugar en el que fueron explotadas las víctimas. Los magistrados hicieron lugar al pedido de reparación e instó a las personas condenadas a pagar solidariamente una suma equivalente a 1 millón de pesos a cada una de las mujeres que fueron explotadas sexualmente.
Finalmente, el tribunal mantuvo la inhibición general de bienes y dispuso comunicar la sentencia al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para que se les brinde asistencia médica y/o psicológica a las víctimas de este caso a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y se hagan efectivas las políticas tendientes a la revinculación social y laboral.
Para los jueces, en línea con el pedido de la fiscalía y la querella de la Fundación María de los Ángeles, los hechos delictivos juzgados constituyeron una forma de discriminación y de violencia contra las mujeres tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para).
Se constató que las cuatro víctimas fueron captadas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad para ser explotadas sexualmente en los boliches “Night Club” y “El límite”. Una de ellas cursaba un embarazo en el transcurso de la explotación, mientras que otra residía en el prostíbulo junto a su hijo de dos años. En todos los casos, la explotación sexual fue consumada, llegando las mujeres a concretar más de veinte “pases” por noche.
El juicio comenzó el 1 de noviembre y a lo largo de las seis audiencias declararon las victimas del caso, a través de Cámara Gesell por vía virtual; oficiales del Central de Reunión de la Gendarmería Nacional, a cargo de la investigación inicial; testigos de los allanamientos; y profesionales del programa de acompañamiento.
fuente: Con información de fiscales.gob.ar
