Los trabajadores de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social provincial están cansados: a la tercerización y al trabajo en condiciones precarias, se suma la falta de pago de los sueldos. En la mayoría de los casos, la mora alcanza tres meses. Es decir, el Estado no les pagó el sueldo nunca en 2020.
A pesar de que en cada contacto con la prensa el ministro Gabriel Yedlin repite que los tucumanos están “cuidados” por el gobierno, los funcionarios que integran el gabinete de la cartera culpan a los problemas bancarios que trajo la cuarentena decretada por la pandemia. Cuando no se pagaba enero ni febrero, la culpa era de la crisis económica provincial. Cuando hubo atraso salarial de hasta tres meses entre agosto y noviembre, no había explicación. Un grupo de trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia no cobra sus sueldos desde julio de 2019: hace nueve meses.
Ocurre con los técnicos del programa Desarrollo Social en Movimiento, que pertenece a la Dirección de Capacitación y Organización Comunitaria del ministerio. A ellos, les adeudan tres sueldos: enero, febrero y marzo. A pesar de la mora, los profesionales continuaron asistiendo a sus dependencias y cumpliendo las pautas por contrato. “Como trabajadores precarizados y en este panorama social, económico y de salud pública, nos encontramos imposibilitados para desempeñar nuestras actividades laborales”, explicaron a través de una carta pública. El personal de este programa realiza el acompañamiento a organizaciones sociales organizando actividades deportivas, artísticas y deportivas con niñas, niños y adolescentes.
El mismo reclamo ocurre en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Esa dirección está conformada por los Dispositivos de Cuidado Institucional, que antes se denominaban “Hogares”. Son los lugares donde se albergan niñas, niños y adolescentes que están separados de sus familias. La estructura de la dirección se completa con los Equipos Territoriales de Protección y Promoción de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y los Equipos que trabajan con adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
“Hay trabajadores en estas áreas con contratos de “locación de servicio” que encima no se han renovado desde diciembre de 2019. Hace años que este grupo está en condiciones para ser trabajadores de planta transitoria. Sus contratos se vencen en abril, nuevamente. Otro grupo trabaja con contratos de locación de obra, que se encuentran sin cobrar sus sueldos desde julio de 2019. En esta modalidad de contrato, los sueldos nunca son percibidos en tiempo y forma, de manera que además los montos son menores a los de otros compañeros pese a realizar las mismas tareas, no gozan de obra social, estabilidad, seguridad, vacaciones pagas o aguinaldo. El impacto es que afecta los procesos que inician con niñas, niños y adolescentes y además se exponen a situaciones de riesgo sin tener ningún tipo de amparo”, reclamaron los trabajadores de esta dirección en otra carta abierta. “Sufrimos el menoscabo de nuestros derechos laborales por parte del Estado”, agregaron.
También están en pleno conflicto los trabajadores de los Ceplas, los centros de atención y asistencia de adicciones en diferentes barrios de la capital. “Los Ceplas están conformados por equipos interdisciplinarios, con trabajadores sociales, psicólogos, operadores socioterapéuticos, talleristas y adminitrativos, quienes trabajan diariamente ofreciendo una respuesta a la problemática de las adicciones en los barrios El Bosque, VIlla Luján, Barrio 143 viviendas, Villa Angelina, Villa Alem y Costanera”, expresaron en otra carta abierta. “La mayoría cuenta con un contrato de locación de obra, percibiendo retrasos de pagos de entre 3 y 4 meses. En esta modalidad de contratación anual, los sueldos son mínimos para la categoría profesional, nunca fueron pagados en tiempo y forma y tampoco hubo actualizaciones salariales por inflación. Estas condiciones generaron siete renuncias en seis meses. Ademas que el pago retrasado y devaluado imposibilita cumplir con obligaciones mensuales, como pago de alquiler y otros servicios básicos”, expresaron este grupo de trabajadores.
La situación se replica en la Dirección de Políticas Alimentarias, que incluye el personal técnico que acompaña organizaciones comunitarias vinculadas a la nutrición de grupos de riesgo alimentario. Se divide en Cocinas Comunitarias, Comedores Infantiles y Centros de Cuidado y Nutrición Infantil. Les deben parte del sueldo de enero y todo el de febrero, explicó una profesional de Cocinas Comunitarias. Los haberes de diciembre fueron percibidos en marzo. Están contratados de manera tercerizada por una asociación civil, sus vínculos se vencieron en marzo y no hubo renovación de contratos. Las 110 cocinas comunitarias y 80 dispositivos de alimentación funcionan sin acompañamiento de técnicos en plena pandemia./ APA