La jornada de este lunes 5 de enero quedó marcada por un clima de fuerte tensión política y social en la capital provincial. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) llevó adelante la audiencia pública para definir el futuro de la tarifa eléctrica en Tucumán. El proceso administrativo, clave para establecer los costos de los próximos cinco años, comenzó a las 9 de la mañana con un acto protocolar que contrastó con el malestar en las afueras del recinto. Un importante operativo policial custodió la entrada del hotel donde se realizó el debate, lo que generó incomodidad entre los asistentes.
La defensa de la empresa
La distribuidora EDET fue la encargada de abrir la lista de oradores. Sus representantes expusieron datos sobre la demanda récord de energía y defendieron su gestión con cifras millonarias. La compañía aseguró haber invertido más de 147 mil millones de pesos entre el período 2021 y 2025. Según su postura, este desembolso se tradujo en una mejora concreta del servicio. Sin embargo, esta visión optimista chocó de frente con la realidad que plantearon los usuarios y los organismos de control.
Críticas a la calidad del servicio
Las voces disidentes se hicieron sentir con fuerza durante la jornada. El Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, fue uno de los más críticos con la prestataria. El funcionario denunció la existencia de líneas en mal estado y calificó al sistema eléctrico como pésimo, haciendo hincapié en el sufrimiento de los vecinos del interior. Cobos recordó los apagones masivos recientes y la caída de postes, poniendo en duda el cumplimiento efectivo del contrato de concesión.
Reclamos ciudadanos y políticos
La elección de la fecha también fue motivo de controversia. Desde la organización REDECU advirtieron que realizar una audiencia tan importante un 5 de enero buscó limitar la participación ciudadana en plenas vacaciones. Por su parte, Francisco Paz, de la Unión de Usuarios y Consumidores NOA, apuntó contra el impacto en el bolsillo. El referente sostuvo que el traslado de los costos a la factura fue demasiado agresivo para las familias.
El legislador José Seleme se sumó a los cuestionamientos y exigió mayor claridad. El parlamentario pidió que la futura tarifa eléctrica en Tucumán sea justa y que las boletas sean comprensibles para cualquier vecino, denunciando una falta de transparencia en la información que brinda la empresa.
