Con el Decreto 971/2024, el Gobierno nacional aprobó la implementación del “silencio positivo”. Este mecanismo permite la aprobación automática de trámites administrativos si el Estado no responde en un plazo de 60 días. La medida, que abarca alrededor de 500 trámites de la administración pública, busca reducir la burocracia y agilizar gestiones, en línea con el objetivo de desburocratización del presidente Javier Milei.
La nueva norma modifica el artículo 10 de la ley 19.549. Establece que una gestión será aprobada automáticamente si el interesado ha cumplido con todos los requisitos y el Estado no se expide en el plazo estipulado. En esta primera etapa, la medida aplica a autorizaciones administrativas y procedimientos como la obtención de licencias y registros públicos. Sin embargo, hay excepciones en áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y derechos sobre bienes públicos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la importancia de la nueva regulación. Señaló que es un “paso trascendental” hacia la modernización y simplificación del Estado. La normativa ya está vigente en la administración centralizada y se extenderá a la administración descentralizada a partir del 1 de diciembre.
Los trámites alcanzados y exceptuados se detallan en dos anexos adjuntos al decreto. Entre los procedimientos incluidos están la obtención de la licencia de Marca País y autorizaciones para productos biológicos. En cambio, quedan excluidos trámites como la autorización de uso de fuego en áreas protegidas y la solicitud de importación de material bélico.
