El Secretario de Gobierno Municipal, Rodolfo Ocaranza, afirmó que desde el municipio se evalúan posibles sanciones a los empresarios por reducir el horario de circulación de los colectivos desde el domingo. Incluso, se piensa en la caducidad de los concesiones. El funcionario anticipó que, en caso de persistir la medida, se pondrá a disposición de los usuarios un sistema de transporte alternativo.
Ante la decisión adoptada por los empresarios de transporte de reducir el horario de circulación de los colectivos, alegando una profunda crisis en el sector, el Secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza, anticipó en diálogo con Radio Continental que el municipio de la capital implementará un servicio alternativo de transporte público de pasajeros ante el recorte aplicado por los empresarios nucleados en AETAT.
El funcionario anticipó que, si los empresarios no desisten con esta medida, la Municipalidad anunciará a los vecinos la ubicación de las paradas donde podrán abordar los micros alternativos para volver a sus casas.
Por otro lado, aseguró que se están evaluando las sanciones que se aplicarán a las empresas que dejaron de prestar servicio a partir de las 21, perjudicando a la gran masa de la población que trabaja en horario comercial. “Se trata de una actividad intempestiva, no notificada e injustificada por parte del sector empresarial, lo que lo pone en un incumplimiento contractual. Acá hay un contrato de concesión que hay que cumplir”, fustigó. Además, anticipó que esta medida empresarial podría derivar en la caducidad de la concesión.
Sin embargo, el funcionario reconoció que el sector atraviesa una crisis derivada de la pandemia de coronavirus, lo que redujo drásticamente los ingresos de las empresas. “En mayo de 2019 se vendieron aproximadamente 5 millones de boletos en San Miguel de Tucumán. En mayo del año pasado, 400 mil”, detalló. Además, cargó contra el reparto desigual de los subsidios por parte del Gobierno Nacional: de los 13.000 millones de pesos que se destinan al servicio de transporte, alrededor de 10.000 millones se destinan sólo a Ciudad y Gran Buenos Aires, mientras que el resto se reparte entre las otras 22 jurisdicciones.
Por otro lado, Ocaranza opinó que, dada la gravedad de la situación, no se puede seguir echando mano a medidas paliativas. “El problema tiene que ser solucionado de manera integral, con la intervención de las áreas de Seguridad y Transporte de la provincia, como así también de las autoridades nacionales”, consideró.
Fuente: El tucumano
