Se podrá conocer el patrimonio de los jueces federales

Los ocho jueces federales en funciones en la provincia inauguraron un nuevo ciclo de ética pública. Estos datos sólo están disponibles para los ejercicios 2015 y 2016, y fueron proporcionados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. El pantallazo general de los documentos indica que los jueces en cuestión se inclinan por las propiedades inmobiliaria y automotor, y la adquisición de moneda extranjera, principalmente dólares.

El titular del patrimonio (bienes menos deudas) más abultado es Carlos Enrique Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, con $ 7,1 millones declarados en 2016. En el otro extremo se ubica Ernesto Wayar, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, con $ 1,4 millón en el mismo período: el peculio de ese magistrado es el único que disminuyó de un año a otro. Wayar también fue el último de sus colegas que cumplió con la obligación de presentar la manifestación de bienes de 2016, mora que lo colocó transitoriamente en el listado de incumplidores (ya salió de allí).

El ingreso anual promedio de los funcionarios públicos nacionales considerados asciende a $ 2,7 millones ($ 225.000 por mes). Las rentas, incluyen, según el caso, los sueldos de juez (con subrogancias y viáticos) y de la docencia, y rentas por alquileres. Alicia Noli, vocal del Tribunal Oral, declara también la percepción de una pensión dispuesta por la Ley 24.411, que establece beneficios para los herederos de víctimas de la dictadura. Con $ 3,3 millones, Jiménez Montilla encabeza el ranking de ingresos anuales, que cierra Fernando Luis Poviña, juez federal N°2, con $ 1,9 millón. En 2016, ese magistrado declaró un patrimonio del mismo valor que sus rentas.

Los funcionarios públicos de la Nación están obligados a confeccionar sus declaraciones juradas (DDJJ) al momento de asumir en sus respectivos cargos y, luego, de forma anual hasta la baja. Mientras que las autoridades de los poderes políticos y organismos dependientes de ellos entregan los formularios a la Oficina Anticorrupción, los jueces federales cumplen ese deber ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero los datos de estos eran confidenciales hasta 2014, cuando aquella institución decidió generar una base de acceso público. En la órbita provincial, las declaraciones juradas de los funcionarios son secretas y su divulgación está penalizada por la Ley 3.981 de 1973.

Todos los magistrados federales tucumanos declaran bienes raíces con los importes correspondientes a la valuación fiscal -ninguno en el extranjero-. Jiménez Montilla consignó ocho inmuebles (tenía nueve en 2015, pero, luego, se desprendió de un campo en Santiago del Estero) y Poviña, sólo uno: su departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que alquiló por $ 24.000 (un semestre) en 2016. Algunos de ellos informan que poseen casas de fin de semana o terrenos en Raco, Amaicha del Valle, Villa Nougués, San Pedro de Colalao y El Siambón, como los camaristas Jiménez Montilla, Marina Cossio y Noli, y Daniel Bejas, juez federal N°1.

Otra circunstancia común es el atesoramiento de dólares. Con U$S 151.945 ($ 2.476.703 según la cotización de $ 16,30 de diciembre de 2016), Bejas es el que posee mayor cantidad (además, tiene euros). Pero también compraron divisas los magistrados Cossio, Noli, Poviña y Ricardo Sanjuan. Ese magistrado es el que menos precisiones ofreció sobre sus bienes. Por ejemplo, no indicó la superficie de sus casas ni la marca de su rodado. En contraste, Jiménez Montilla abundó en detalles: incluso discriminó los viáticos que cobra del Poder Judicial de la Nación, y mencionó sus colecciones de arte, joyas y otros objetos valiosos.

Las declaraciones juradas también ponen de manifiesto la adquisición de automóviles y motocicletas de alta gama. Jiménez Montilla tiene una flota de cinco mientras que Bejas exhibe cuatro, entre ellos una moto BMW. La marca de autos que más veces se repite es Mercedes Benz.

Fuente: La Gaceta.