El diario Página 12 dio cuenta en un informe que compromete seriamente al actual Interventor del distrito Tucumán del PRO, Santiago Hardie. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación participan en una red de empresas financieras acusadas de estafar, amenazar y hasta apropiarse –durante meses– de los sueldos de sus clientes para enriquecerse ilícitamente.
Se trata del secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, del actual subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Fernando Molas, y su antecesora en el mismo cargo, la abogada Mónica Dreyssig. Los tres poseen amplias carreras dentro de empresas financieras que entregan créditos bajos y a corto plazo.
Vivir sin el sueldo
Esta investigación se remonta al 2002, cuando Hardie creó la empresa Wenance S.A., que opera bajo la reconocida firma comercial Presto Hoy. Acumula en la actualidad un sinnúmero de denuncias públicas y judiciales por cobros indebidos y débitos mal ejecutados a sus clientes que se suceden hasta vaciar las cuentas sueldo en cuestión de horas.
Si bien el secretario de la cartera agraria se desprendió de Presto Hoy en 2014, en la actualidad es dueño junto a Molas de otra empresa financiera, Naola S.A., en la cual Dreyssig es la abogada patrocinante. De acuerdo con su última declaración jurada (de 2016), Hardie cuenta con una tenencia accionaria por un valor de 144.529,18 pesos.
Esta empresa denuncia sistemáticamente a sus clientes por pagarés impagos. Andrea Colamarino es una de esas personas denunciadas. Se enteró de la presentación judicial en su contra cuando la contactó el periodista que destapó el escándalo. Pero no se sorprendió: contó que es víctima de Presto Hoy (PH) desde que, para iniciar un emprendimiento personal, solicitó un préstamo de 8 mil pesos. Por ese dinero le debitarían 18 cuotas de 3 mil, pero en PH no cumplieron. “Me sacan el sueldo entero, solo en junio debitaron 10 mil pesos y estimo que en total extrajeron demás una cifra superior a los 60 mil pesos”, denunció. En diciembre, Andrea Colamarino cerró su cuenta para ponerle fin al calvario, pero la pesadilla continúa. Sin saber cómo, la empresa ubicó su nuevo CBU y volvió a extraerle su sueldo el mes pasado. “Lo que los clientes no saben es que la empresa busca las cuentas a través del DNI”, reveló el abogado Juan Manuel Baya Casal. El abogado representa a 150 damnificados de la empresa y está listo para presentar una serie de acciones contra la compañía, tras el fracaso de la mediación legal.
“Existe el delito de estafa porque hay un arreglo y un engaño, después le sigue la usura por las tasas altísimas que se aplican aprovechándose de las necesidades de la gente y en tercer término se procede con el hurto, porque les sacan el sueldo”, enumeró.
