La renuncia del diputado José Luis Espert a su candidatura en Buenos Aires desató una fuerte controversia. El foco del conflicto es la posible reimpresión de boletas por la renuncia del mismo. Las boletas actuales, con su rostro impreso, ya estaban listas para distribuirse. Esta situación abrió un debate sobre el uso de fondos públicos a solo tres semanas de las elecciones.
El principal reclamo proviene de la oposición, que exige que el Estado no asuma los costos. Según estimaciones, la reimpresión podría costar $15.000 millones. Esta cifra se suma a los $43.000 millones que el Gobierno ya invirtió en la impresión original. Al respecto, el diputado Esteban Paulón anunció un proyecto para que La Libertad Avanza absorba el gasto. Los diputados Jimena López y Sebastián Galmarini, de Fuerza Patria, respaldaron esta postura.
Espert comunicó su renuncia en redes sociales y calificó las acusaciones como una “operación”. Además, las tildó de “despiadado juicio mediático”. Afirmó que daba “un paso al costado” por el bien de Argentina. El presidente Javier Milei aceptó su decisión, que deja en suspenso la estrategia electoral del oficialismo.
En medio de la polémica, el abogado constitucionalista Diego Hernán Armesto aportó una mirada legal. Aclaró que la normativa sostiene que “si renuncia un candidato, la boleta sigue siendo válida”. Según el experto, la ley no obliga a reimprimir el material. Por eso, explicó que la discusión se centra más en una decisión política que en una obligación legal.
