El Gobierno Nacional implementó profundas reformas en Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a través de cuatro decretos firmados por Javier Milei, Patricia Bullrich y Guillermo Francos. Los cambios buscan modernizar leyes orgánicas, estructuras y competencias, derogando normativas que regían desde las décadas de 1960 y 1970.
Las nuevas disposiciones otorgan a cada fuerza un plazo de 90 días para presentar su reglamentación interna. El objetivo, según explicó el Ejecutivo, es adaptar a estas instituciones a los desafíos actuales en materia de seguridad, transparencia y eficiencia.
En el caso de Gendarmería Nacional, se aprobó un nuevo estatuto que reemplaza la Ley 19.349 de 1971. Se redefinen escalafones, se jerarquiza la carrera profesional y se amplía su jurisdicción al ciberespacio, con capacidad para actuar ante el ciberterrorismo y delitos complejos. También se refuerzan funciones de control en zonas de frontera.
En el Servicio Penitenciario Federal, se elimina la vieja Ley Orgánica de 1967 y se establece una estructura con nuevas direcciones orientadas a tecnología y bienestar del personal. El SPF pasará del Ministerio de Justicia al de Seguridad, y se autoriza la reubicación de unidades penitenciarias, apuntando a mejorar las condiciones de detención.
Para la PSA, la reforma amplía su radio de acción más allá de aeropuertos, habilitándola a operar en otros medios de transporte. Se reorganiza su estructura jerárquica y se crea un nuevo escalafón técnico-profesional con tribunales de conducta.
En tanto, la Prefectura Naval Argentina dejará de ejercer funciones consideradas obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones, y concentrará su rol en seguridad marítima, pesca, control ambiental y policía judicial. Se busca reforzar el rol de la fuerza en la lucha contra el crimen organizado en aguas argentinas.
