El debate legislativo sufrió un giro inesperado este martes. El Gobierno Nacional decidió retirar el proyecto de Reforma Penal Juvenil que había enviado ayer a la Cámara de Diputados. La iniciativa original proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Sin embargo, el Ejecutivo constató la falta de respaldo político para avanzar con ese punto. Por eso, optaron por volver al dictamen previo que fija el límite en los 14 años.
El regreso al consenso de los 14 años
Fuentes legislativas confirmaron el cambio de estrategia a pocas horas del debate. El oficialismo retomará el texto trabajado en comisión durante 2025. Ese dictamen establece la imputabilidad a partir de los 14 años. Este umbral cuenta con mayor consenso entre los bloques dialoguistas. Incluso aliados cercanos como el PRO habían mostrado dudas sobre bajar la edad a 13. La meta es conseguir la aprobación en el recinto el próximo jueves.
Sanciones y medidas alternativas
La Reforma Penal Juvenil mantiene su estructura general más allá de la edad. El sistema prevé sanciones graduadas según la gravedad del delito cometido. Los jueces priorizarán medidas alternativas al encierro. Estas incluyen programas educativos obligatorios, servicios comunitarios y reparación del daño a las víctimas. La privación de la libertad quedará reservada exclusivamente para delitos graves. Además, los jóvenes serán alojados en institutos especializados sin contacto con adultos.
Financiamiento y reclamo provincial
El nuevo dictamen incorpora una novedad clave para los gobernadores. El texto explicita la facultad del Estado nacional de firmar convenios con las provincias. Esto permitirá implementar el régimen de manera federal. El costo fiscal estimado del programa asciende a $23.739 millones. El Gobierno financiará este gasto con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Recursos humanos y profesionales
La mayor parte del presupuesto tiene un destino específico. El dinero cubrirá la contratación de personal especializado. El sistema requiere médicos, psicólogos y trabajadores sociales para funcionar. También se destinarán fondos a la capacitación de supervisores. De esta forma, la Casa Rosada busca garantizar la operatividad de la ley y responder a las demandas presupuestarias del interior del país.
