El Gobierno de Milei trabaja en un nuevo proyecto de reforma laboral, que será enviado al Congreso en diciembre. La iniciativa apunta a reducir los litigios judiciales por despidos, dar alivio a las pymes y consolidar algunos de los cambios ya introducidos por la Ley Bases.
Desde la Casa Rosada afirman que la “industria del juicio” es uno de los mayores obstáculos para el empleo. Un caso citado en el oficialismo muestra cómo un fallo por despido, con menos de cinco años de antigüedad, terminó en una sentencia por $300 millones, 150 veces más que el reclamo inicial. La Corte Suprema ya cuestionó este tipo de decisiones.
En 2024 se registraron más de 125.000 juicios laborales. Para este año, se proyecta un récord de 132.000 demandas. El impacto golpea directamente a unas 400.000 pymes en todo el país, que emplean en promedio a 10 personas cada una. Según un informe presentado en el Senado, si solo el 20% de estas empresas cerrara por conflictos laborales, se perderían 800.000 puestos de trabajo.
La reforma laboral del gobierno de Milei será parte de un nuevo paquete legislativo de reformas estructurales que se presentará tras el proceso electoral. Incluirá un esquema de indemnizaciones más previsible, estímulos al empleo registrado y herramientas para dar seguridad jurídica a quienes contraten personal.
