El Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior con el propósito de permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones consideradas actos de terrorismo. Esta iniciativa surge debido al contexto social que atraviesa la ciudad de Rosario, en Santa Fe.
En caso de obtener la aprobación de los diputados y senadores, las Fuerzas Armadas podrán patrullar, controlar personas y vehículos, llevar a cabo tareas de prevención del delito, y detener a los delincuentes en flagrancia, dando intervención inmediata a la Justicia, tal como explicó el ministro de Defensa nacional, Luis Petri. El ministro también mencionó que tendrán la facultad de utilizar los mismos medios coercitivos que ya están en vigencia para las fuerzas de seguridad.
Según explicó Petri, la Ley de Seguridad Interior, establecida en 1991, contempla dos supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas: el apoyo a las fuerzas de seguridad, que actualmente se lleva a cabo en Rosario, y la intervención a partir de la declaración del estado de sitio. Sin embargo, el ministro señaló que esta última opción no resuelve el problema, ya que implica la suspensión de las garantías constitucionales.
El Gobierno busca modificar la ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en casos de terrorismo. La calificación de los delitos como actos de terrorismo dependerá del comité de crisis que actúe en un lugar y momento determinados. Petri destacó que están convencidos de que la lucha contra los narcotraficantes se puede ganar con la intervención del Estado.
Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que también se enviará al Congreso la llamada ley antimafias, basada en el código italiano. Esta ley busca sancionar no solo a los individuos que cometen delitos, sino también a aquellos que forman parte de organizaciones criminales y participan en una cadena de delitos encadenados para alcanzar los objetivos de dicha organización.
Bullrich destacó que estas organizaciones criminales generan inseguridad en una zona o barrio, donde ya no se aplican la Constitución Nacional ni el Código Penal, sino la ley relacionada con el narcotráfico. Para combatir esto, se implementarán medidas como la detención por averiguación de ilícitos, la colocación de retenes, la incautación de mercadería y los allanamientos encadenados. Además, se aplicará la pena más grave a todos los miembros de la organización criminal.
“Hoy, le pegan con una piedra a un policía y es como si nada. Bien, esto se termina. A partir de ahora se plantearán penas más concretas con quienes atenten contra la autoridad porque en cada manifestación tenemos entre cinco y seis heridos. Ahora va a pasar algo con eso”, informó Bullrich.
En relación al registro de ADN, se establecerá que todas las personas que ingresen a una cárcel o dependencia policial y tengan una imputación deberán someterse a una prueba de ADN. Esta información se almacenará en un sistema donado por el FMI, lo que permitirá tanto imputar como desvincular a una persona de un delito. También se permitirá el aporte voluntario de ADN por parte de allegados de personas buscadas.
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