El Gobierno nacional formalizó el esquema económico que regirá durante todo el año. El Poder Ejecutivo promulgó este viernes el Presupuesto 2026 a través de la Ley 27.798 publicada en el Boletín Oficial. La norma estableció como eje central el equilibrio fiscal y proyectó un superávit financiero de 2,73 billones de pesos para el Sector Público Nacional. El texto definió un total de gastos corrientes y de capital por 148,06 billones de pesos, cifra que se cubrirá con recursos estimados en 148,29 billones.
Reparto de fondos y control
La distribución de las partidas mostró las prioridades de la gestión. El rubro de Servicios Sociales se llevó la mayor porción de la torta con 106,5 billones de pesos, seguido por el pago de Deuda Pública con 14,1 billones. Las áreas de Servicios Económicos, Administración Gubernamental y Defensa completaron el listado de gastos principales.
El control sobre el empleo público fue uno de los puntos más estrictos de la ley. La normativa fijó un tope de cargos para toda la administración y prohibió cubrir vacantes sin la autorización expresa del Jefe de Gabinete. Solo se contemplaron excepciones puntuales para sectores sensibles como Salud, Defensa y Seguridad. Además, las jurisdicciones quedaron obligadas a informar detalladamente sobre sus dotaciones de personal a la Secretaría de Hacienda.
Educación y deuda
El financiamiento educativo también sufrió modificaciones importantes. El Presupuesto 2026 asignó 4,78 billones de pesos a las universidades nacionales, pero impuso la condición de rendir cuentas ante la Secretaría de Educación bajo amenaza de suspender las transferencias. En paralelo, se derogaron artículos clave de leyes previas que garantizaban fondos específicos para ciencia y tecnología.
En materia de endeudamiento, el texto facultó al Ministerio de Economía a realizar operaciones de crédito público con mayor libertad. Se autorizó la emisión de deuda bajo legislación extranjera hasta un 18% del total y se habilitaron mecanismos para administrar pasivos sin las restricciones habituales. También se aprobaron aportes de capital a organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial.
Jubilaciones y beneficios
El capítulo previsional destinó más de 212.000 millones de pesos al pago de deudas del SIPA y otros 367.000 millones para retroactivos de las fuerzas de seguridad. La ley prorrogó las pensiones graciables por una década, aunque endureció los requisitos patrimoniales para mantenerlas. Finalmente, se incluyeron beneficios fiscales para importaciones estratégicas en salud y tecnología, consolidando un perfil de gestión austero y enfocado en los números macroeconómicos.
