El escándalo por el uso de presos en una obra privada en El Cadillal sumó un nuevo y grave capítulo. Se confirmó que el exjefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán, realizaba las remodelaciones en una casa ubicada en un terreno usurpado que pertenece a la Provincia.
La fiscala Mariana Rivadeneira acusó formalmente a Beltrán de peculado, abuso de autoridad y falsificación de instrumento público. Según la fiscalía, el comisario dispuso el traslado de cuatro detenidos (tres condenados por abuso sexual) desde las comisarías de Chuscha y Yerba Buena a la URN, sin registrarlo, para hacerlos trabajar en su beneficio.
La investigación derivó en más sanciones. El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía pasaron a disponibilidad a otros ocho efectivos de la URN. La lista incluye a cuatro comisarios, dos oficiales y dos suboficiales. Entre ellos están los jefes del Grupo de Infantería y la jefa de Personal de la regional.
La audiencia de formulación de cargos contra Beltrán y los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo debió suspenderse. Teseira sufrió un pico de presión y los médicos indicaron que no podía continuar. El juez Eduardo González pasó a un cuarto intermedio para hoy. Quedó pendiente el pedido de prisión preventiva para los tres acusados, que la fiscalía adelantó que solicitará.
