El Gobierno suspendió las bajas de pensiones por discapacidad mientras avanza una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión la tomó el ministro de Salud, Mario Lugones, tras la filtración de audios donde el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, reconocía sobreprecios en la compra de medicamentos.
Hasta el momento, se habían eliminado 128.667 pensiones. De ese total, 110.522 correspondían a personas con documentación duplicada o irregular, como estudios médicos repetidos. Otras 8.107 eran asignaciones a personas fallecidas y 10.038 a beneficiarios que habían renunciado voluntariamente. Ahora, el ministerio revisará todos esos casos.
La medida congela los controles presenciales y las citaciones que afectaban a más de un millón de personas con discapacidad. También frena la intención de transformar la ANDIS en un área dentro del Ministerio de Salud, ya que el Gobierno perdió las facultades administrativas especiales que tenía con la Ley Bases.
La auditoría en marcha se concentra en tres áreas: entrega de pensiones, compras públicas y funcionamiento interno de la agencia. Las autoridades buscan determinar si la gestión anterior aplicó recortes sin sustento o favoreció contrataciones irregulares.
En paralelo, el Congreso revirtió por primera vez un veto presidencial y reactivó una ley clave. La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y obliga al Estado a reformular las pensiones no contributivas, actualizar aranceles y otorgar compensaciones económicas. El presidente Javier Milei anticipó que podría judicializar la medida para evitar su implementación.
