El Senado aprobó este jueves el aumento a jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Además, dio media sanción a dos iniciativas impulsadas por gobernadores, como el reparto automático de los ATN y el impuesto a los combustibles. La mayoría opositora logró en varios casos más de 48 votos, lo que equivale a los dos tercios necesarios para insistir tras un eventual veto presidencial.
Desde el oficialismo, Milei advirtió: “Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público (…). Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, declaró durante un acto en la Bolsa de Comercio. Sin embargo, varios juristas descartaron esa posibilidad.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó: “La insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional”, y agregó que sería absurdo que el Estado Nacional demande al propio Estado Nacional.
En la misma línea, Diego Armesto sostuvo: “Es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional”, y explicó que un veto presidencial reconoce la validez del proceso legislativo. Mariano Bar, abogado especializado en derechos humanos, también fue tajante: “La Justicia le va a decir que esto no es una cuestión que pueda resolver. No dictan leyes ni deciden su contenido”.
Los especialistas coincidieron en que la única función del Poder Ejecutivo es aplicar las leyes, y no puede negarse a ejecutarlas ni objetarlas judicialmente. Incluso recordaron el caso de Cristina Kirchner durante la pandemia, cuando la Corte rechazó por unanimidad su pedido de habilitar sesiones virtuales, por no tratarse de un caso justiciable.
