El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación por falta de fondos. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara el texto original. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió no ponerla en marcha hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Prevé la creación de una nueva pensión, más cobertura médica y una compensación económica para prestadores. Según estimaciones oficiales, su implementación costaría más de $3 billones en 2025, lo que equivale al 0,35 % del PBI.
El Gobierno argumentó que el Congreso no precisó cómo se cubrirán esos gastos. Y que la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias no es una fuente concreta ni suficiente. Para respaldar su decisión, citó las leyes 24.156 y 24.629, que exigen que toda ley con impacto fiscal indique su forma de financiamiento.
El presidente había vetado la ley por ese motivo. Señaló que aplicarla sin respaldo presupuestario podía poner en riesgo todo el sistema. A pesar de esto, Diputados y el Senado insistieron con la aprobación por mayoría especial. Por eso, el Ejecutivo debió promulgarla, como exige la Constitución Nacional.
Mientras tanto, el Gobierno ajustó parcialmente el Presupuesto 2025. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, reforzó los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta reasignación comenzará a regir desde el 1° de octubre. El objetivo es dar respuesta al reclamo de actualización de los prestadores.
