El gobierno realizó gestiones para adelantar el pago de un subsidio que la Nación gira todos los meses a los empresarios nucleados en Aetat, “esperemos que esté acreditado el próximo miércoles”, indicó el titular de la repartición laboral, Roberto Palina.

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Palina dedicó un párrafo a las críticas que hicieron autoridades de la Municipalidad capitalino contra el ministro del área, Regino Amado y su persona. “Cuando se suscitó el conflicto con el gremio municipal y dictamos la Conciliación Obligatoria por una serie de conflictos, dijeron que no correspondía porque no teníamos facultades contra el Municipio y hoy nos echan la culpa porque no dictamos dicha medida por el conflicto con el (sector del) transporte”, indicó.

A su vez, dejó en claro que la figura de Conciliación Obligatoria “no es un deporte y se debe dictar por medidas de fuerza mayor” y en este caso “es por una deuda salarial y tienen derecho a realizar medidas de fuerza por un carácter alimentario”, explicó .

A este pedido de algún sector político también lo explicó Cesar González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que participó del cónclave. “La Concilacion Obligatoria no se puede aplicar cuando las empresas no cumplen con el pago. No estamos peleando por un aumento salarial ni para que reincorporen un compañero, sino por un salario vencido”.

El miércoles 14 a las 10 volverán a reunirse las partes para “buscarle una solución al conflicto”.

El titular de Trabajo entendió que el atraso en los sueldos se debe a que el salario se mantiene y el gobierno nacional “viene aplicando aumentos en combustibles, costos de reparación, entre otros” por lo que reiteró que “se debe solucionar el problema de fondo”. Además explicó que las sanciones a las empresas (por no brindar el servicio) “deben ser solicitada por el gremio y son multas económicas”.

No quiero opinar sobre lo político. Hay una sociedad donde el 65% utiliza el transporte en el interior y el otro 35% en la Capital, pero el conflicto está instalado en la provincia. Viven en forma indirecta del transporte público 20 mil personas. Quedaron 1.500 compañeros en la calle cuando (años atrás) se fundieron una serie de empresas y hoy no se pueden jubilar ni ingresar al mercado laboral. Los poderes del Estado tienen que buscarle una solución definitiva”, dijo González.

Actividad en crisis

Jorge Berreta, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) dijo que llegaron a un acuerdo (momentáneo) “gracias a la buena voluntad de los trabajadores ya que aceptaron cobrar el 50% restante de los salarios el próximo miércoles”.

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“La actividad sigue en crisis, no es la solución y es un esfuerzo más para cumplir con los trabajadores”, reconoció el empresario y coincidió con Palina que “se deben tomar políticas de fondo en la actualización de las tarifas en el transporte público” y también solicitó “quitas o reducciones de tasas e impuestos en nuestra actividad sino va a colapsar”.

Según Aetat, el 62% de los ingresos brutos está destinado a pagar salarios y cargas sociales, mientras que el 38% restante se utiliza para afrontar cuotas, impuestos, tasas y compra de gasoil. Además remarcaron que en el período intertarifario aumentó un 85% el precio del combustible.

Ante la requisitoria periodística de porque no retiraron las colectivos de las calles, Berreta se defendió diciendo que “quedan bajo la potestad de los trabajadores y no teníamos personal para retirarlos”.

A su vez, el representante del sector empresarial dijo que son irrespetuosas y tendenciosas algunas afirmaciones de concejales y representantes de la Intendencia “acusándonos de provocar un look out ya que eso hubiera sido cierto si a las 4.50 no le entregamos los coches a los choferes para que salgan a trabajar”.

El cascabel al gato

Otra polémica que nació tras el conflicto en el transporte es quien toma la punta de lanza al tratar un aumento en el boleto del transporte. Desde el gobierno aclararon que desde hace 18 años se discute primero en el Concejo Deliberante capitalino, se sanciona y el Ejecutivo municipal lo aprueba, para el servicio urbano y metropolitano. Luego la Provincia a través de la Secretaria de Transporte acompaña esa decisión para aplicarlo en el transporte interurbano.

“Nosotros presentamos el petitorio en las dos jurisdicciones pero siempre se trató primero en el Concejo Deliberante donde están representantes de los partidos políticos y después la Provincia. Por supuesto que podría haber salido primero en la otra parte pero no es lo que se acostumbre”, aclaró Berreta.

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