Los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán dejaron de lado las diferencias políticas y electorales que marcan la interna de Juntos por el Cambio para apuntar con la “Mafia Judicial” que convive con el “poder político” en Tucumán y, aseguran, pone en riesgo “la institucionalidad en nuestra provincia”: señalan puntualmente los casos Roxana Teves y Paulina Lebbos como los “más emblemáticos” de esa accionar.
Esta semana, el Jury de Enjuiciamiento de la Legislatura resolvió destituir al camarista Enrique Pedicone con los votos de los legisladores Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera y Sara Alperovich, de Javier Critto en representación del estamento de los abogados y del fiscal de Estado de Tucumán, Federico Nazur. El vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse, y el legislador Walter Berarducci lo hicieron en contra.
Los cargos que le endilgaron a Pedicone abarcaban desde una actuación sin competencia en la miniferia de agosto hasta dos cuestiones vinculadas con el conflicto con el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, a quien denunció por presunto tráfico de influencias luego de grabarlo -según afirma el destituido camarista- le requirió que “maneje la intensidad” para “que siga picando bajo” la denuncia por presunto abuso sexual contra el legislador Ricardo Bussi.
Pedicone fue apartado de su cargo por faltas al ejercicio de sus funciones vinculadas a la “grabación clandestina” de su diálogo con Leiva, la “coacción” del secretario Fernando Valladares en la elaboración de un acta y presuntamente haber violado los derechos de víctimas y su ignorancia al desoír a estas e imputados en numerosas causas en las que intervino.
En el encuentro de dirigentes radicales, el intendente de Yerba Buena Mariano Campero hizo uso de la palabra después del interventor Argañaraz y afirmó que “acá hay enquistados en el Poder Judicial una mafia, por decirlo de alguna manera, que está conectada con el poder político y que hoy ha dejado expresa esta situación que por supuesto repudiamos como Unión Cívica Radical”.
“Es un tema bisagra para las instituciones de nuestra provincia. Repudiamos la injerencia de la política en una cuestión tan sensible como es la destitución de juez: los audios involucraban el nexo del poder entre el poder político y el judicial. Tenemos que tomar posición todos unidos y juntos, en un tema tan sensible como es el respeto por las instituciones”, amplió el jefe municipal.
Campero requirió que “de una vez por todas el sistema judicial empiece a funcionar y dé respuestas”, y alertó que “hay jueces que demoran entre cuatro y cinco años para resolver las causas y eso es injusticia”, aunque resaltó que otros “tienen el despacho al día, sobre todo los nuevos que entran por concurso”.
Consultada por eltucumano.com, la senadora Silvia Elías de Pérez se refirió a la denominada “Mafia Judicial” y su forma de actuar en nuestra provincia:
“Hay falta de independencia de la Justicia, hay una Justicia cooptada por el poder de turno. Manzur y Jaldo tienen cooptada totalmente la Justicia tucumana y esto es muy grave porque si hay algo que es indispensable es el contrapeso entre los poderes.Ya con la ley de acoples lograron cooptar la Legislatura teniendo una mayoría inusitada, y luego avanzaron con la Justicia primero con el Ministerio Público Fiscal, al ponerlo ahí al ministro público fiscal Jiménez lo que hicieron es poner un garante de impunidad.Luego, con Leiva en la Corte pusieron otro garante de impunidad que hoy quedó absolutamente claro porque este garante de impunidad es capaz de apretar a los jueces para que hagan lo que el poder de turno le manda. Cuando esto ocurre, impunemente se termina disciplinando a los jueces. Hay jueces que son de la ley y jueces que son del poder: los de la ley son buenos, porque actúan de acuerdo a lo que la ley dice, mientras que los jueces del poder actúan de acuerdo al poder de turno y adónde los mandan. Lo que han hecho en Tucumán es disciplinar a los jueces que actúan de acuerdo a la ley, esto ha sido un golpe de gracia muy grave porque lo que están haciendo es diciéndole a todos los jueces que actúan de acuerdo a la ley que no los van a dejar que sigan siendo jueces si no hacen lo que quiere el poder”.
En diálogo con eltucumano.com, el diputado José Cano también expuso sobre la “Mafia Judicial” tucumana:
“Cuando hay un integrante del Poder Judicial que graba a un vocal de la Corte, y el vocal de la Corte le pide direccionar una causa en un sentido o en otro, se inmiscuye claramente. Aparte, argumenta que viene por pedido del gobernador y vicegobernador, y el vocal de la Corte termina diciendo que él nunca se reunió con Pedicone y después aparecen los audios: quieren desacreditar los audios, que están corroborados desde el punto de vista de un peritaje forense que son reales y termina echado, eyectado del Poder Judicial, el camarista que denunció un hecho grave e irregular de un vocal de la Corte. Claramente hay una corporación político – judicial que garantiza impunidad. Cuando se garantiza impunidad se protege a mafias, porque si hay impunidad y el ciudadano de pie ve que hay una denuncia de abuso sexual y la supuesta víctima no puede ejercer su derecho en esa denuncia y el supuesto victimario, el legislador, tampoco puede ejercer su derecho a la defensa porque hay un vocal de la Corte que dice que la causa la maneje ‘abajo’, que le ‘baje la intensidad’. Podríamos dar muchos ejemplos: la causa Roxana Téves, donde se detiene ilegalmente a esta mujer, a sus tres hijos y a una persona que nunca tuvo una causa en la Justicia armándole una asociación ilícita para despojarla de bienes. La hacen firmar para que la dejen en libertad que renunciaba a hablar con la prensa, que renunciaba a sus derechos, una cosa realmente inaudita cuando hay jueces y fiscales que fueron parte del encubrimiento del crimen impune de Paulina Lebbos que siguen siendo parte del Poder Judicial y en algunos casos están jubilados con el 82% móvil. Esto define la matriz de lo que ocurre en una porción importante del Poder Judicial: es muy claro que el poder político tiene un pleno manejo y que ningún juez, ningún fiscal ni ningún integrante del Poder Judicial puede avanzar una causa que involucre al poder político si previamente el poder político no le dice lo que tiene que hacer, porque si no hacen eso, corren la suerte de Pedicone y los echan del Poder Judicial. Uno valora el voto del doctor Posse como el voto del legislador Walter Berarducci: hay curiosamente una reunión del vicegobernador con miembros de una comunidad y a los cinco días aparece una denuncia, un pedido de destitución a dos vocales de la Corte. Es raro, ¿no? Lo que firmaron también lo firmó (Antonio) Estofán pero a Estofán no le piden (la destitución). Todos sabemos, Tucumán es chico y todos sabemos que quien maneja los destinos de la Justicia es el gobernador de la Provincia y eso es grave”.
Lucho Argañaraz, interventor de la UCR, destacó en diálogo con eltucumano.com el encuentro de los correligionarios y afirmó que la destitución de Pedicone constituye “un golpe a la República”:
“La gravedad institucional que trajo la remoción de un juez que se animó a denunciar todo esto es muy importante. Por eso era importante que estemos todos juntos.Lo último que nos queda a cualquier ciudadano como resguardo es la Justicia: si tenés una Justicia cooptada por el poder político, fuimos.Con la destitución de Pedicone le asestaron un golpe a la República, ni más ni menos. En Tucumán nos quedamos sin República, con lo que significa la palabra República. Uno tenía la esperanza de que esto no suceda, pero sucedió: es una cuestión aleccionadora. El voto de Posse es significativo porque hoy tiene un pedido de juicio político. Acá se están discutiendo cuestiones políticas. La situación de Pedicone
El caso de Alicia Freidenberg
En rueda de prensa en la Casa Radical, Cano fue consultado por sus pedidos de intervención del Poder Judicial de Tucumán y por el caso de Alicia Beatriz Freidenberg de Ferreyra y un posible paralelismo con Pedicone: la jueza de la Sala VI de la Cámara Penal fue destituida de su cargo en enero de 2006 y fue restituida a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2009.
“Uno busca los antecedentes que existen en el Congreso y por causas mucho menores se intervino el Poder Judicial de otras provincias. Lo que pasa en el Poder Judicial de Tucumán tiene responsable, no es casualidad, el Poder Judicial fue diseñado, pergeñado, por quien hoy es ministro Fiscal, que es (Edmundo) ‘Pirincho’ Jiménez. Él diseño, de la mano de (José) Alperovich, y después tuvo continuidad en quiénes hoy gobiernan la provincia”, afirmó, y recordó que “cercenaron de su libertad” a Roxana Teves.
“Me tocó estar en ese proceso de destitución, yo voté a favor de la doctora Freidenberg”, recordó Cano, y remarcó que “está en las actas, en la versión taquigráfica”. “El proceso que va a desandar la defensa de Pedicone es el mismo camino que recorrió la doctora Alicia Freidenberg que finalmente va a ser restituido al Poder Judicial porque lo que se hizo es una barbaridad. Nunca nos terminamos de admirar de que el oficialismo tucumano no tiene límites y cada vez va por más”, cerró.
En el caso Freidenberg, según el voto de la jueza de la Corte Claudia Sbdar, al que adhirió la mayoría, la magistrada fue removida de su cargo por reprochársele decisiones que resultan de una determinada interpretación de la ley regulatoria de la ejecución de las penas privativas de libertad. Sbdar es hoy presidenta de la Corte Suprema de Justicia tucumana.
“La subsunción de los precisos hechos atribuidos a Freidenberg revela por sí misma que su remoción es consecuencia de una determinada postura interpretativa acerca de lo estipulado por el art. 166 de la ley nacional 24.660; cuyo negligente y reiterado apartamiento dio lugar a la acusación y posterior destitución”, señaló.
Agregó que las razones dadas por el Tribunal de Enjuiciamiento están presididas por un distinto criterio hermenéutico en torno al tratamiento de los penados privados de libertad, “lo cual resulta por sí mismo insuficiente para evidenciar afectación del desempeño de la función judicial”.
“La remoción fundada exclusivamente en una distinta interpretación de la ley aplicada afecta de manera directa e inmediata la garantía de inamovilidad de los jueces… La efectiva vigencia de esta garantía impide considerar que el incumplimiento de los deberes a cargo de un magistrado -con la gravedad que supone la causal de destitución- resulte únicamente de un diferente criterio en la interpretación y aplicación de una ley”, subrayó.
El escrito presentado por la UCR Tucumán
Tucumán ha sufrido con el proceso de destitución de Enrique Pedicone uno de los ataques más violentos contra un juez de la República. Bajo la apariencia de un debido proceso, se ha materializado la ejecución de un magistrado por el solo hecho de haber denunciado públicamente las inconductas funcionales del Vocal Leiva.Las denuncias formuladas acaso han puesto al poder político bajo niveles de tensión tan altos que ha tenido como improvisada respuesta una persecución política abrumadora y desproporcionada. El hombre que denunció y acreditó las gestiones impropias de un vocal de corte, y dirigidas para manipular graves causas penales seguidas en contra del Legislador Ricardo Bussi, pasó de denunciante a denunciado, de víctima a victimario.El poder político cree haber logrado torcer la historia. Cree haber protegido al vocal que no supo dejar de ser puntero y lo peor de todo, es que considera que una culpabilidad arbitraria y declarada de arrebato permitirá convalidar las indecorosas gestiones judiciales acreditadas en grabaciones.Quizás es el anuncio del inicio de la temporada de causas picando bajo. Causas con entidad para condicionar la actividad pública o privada. Causas para obligar a hacer o no hacer. Causas para para callas. Causas para poner palabras en boca de sus víctimas. Causas para votar o no votar.Enrique Pedicone sufrió duramente el castigo por denunciar al poder. Fue sometido a un proceso legal destituyente, con final preanunciado y con flagrantes violaciones al debido proceso y con una notoria conculcación de la garantía de defensa en juicio.Pedicone pidió en ejercicio de su defensa y el jury negó y rechazó sistemáticamente los pedidos defensivos:1) Rechazó el pedido que las audiencias fueran públicas, sobre todo las de producción de pruebas y rechazó las recusaciones de legisladores que habían adelantado opinión, configurando una integración violatoria de la Constitución Nacional.2) El Jury propició la reducción innecesaria del plazo probatorio y facilitó el cercenamiento de la libertad probatoria: de 21 testimonios ofrecidos y solo tomaron 6, de los cuales solo declararon 5 porque Valladares presentó certificado médico privado negando la posibilidad de que sea revisado por el cuerpo médico forense de la corte.3) Rechazó el testimonio de grandes juristas como Blinder, víctimas emblemáticas como Roxana Teves y Alberto Lebbos y el de 10 empleados de la Cámara de Apelaciones donde se desempeñaba Pedicone.4) Rechazó pedido de careo entre dos testigos (Dra. Blanco, secretaria de la Corte y Dr. Garmendia relator de Leiva).5) De las muchas audiencias de revisión de prisiones preventivas grabadas y ofrecidas para acreditar el trato considerado a víctimas solo permitieron dos.6) Desestimaron incorporar la grabación con los pedidos del Vocal Leiva.7) Rechazaron el testimonio y la prueba documental (entrevista televisiva) de una víctima que denunció públicamente que la fueron a buscar de la Legislatura para solicitarle que hiciera denuncia de juicio político al Dr. Pedicone.8) Convalidó la nulidad del procedimiento por desintegración del propio Tribunal por ausencia del Dr. Posse en dos ocasiones y del Dr. Critto durante la producción de pruebas.9) La acusación no presentó ni una sola prueba para acreditar los cargos. No citaron a declarar testigos ni tampoco a ningún denunciante
Fuente el tucumano