El Relator Especial de las Naciones Unidas Diego García Sayan advirtió este lunes al gobierno de Mauricio Macri ante la presunta existencia de un “plan sistemático y estructural” ejecutado desde el Poder Ejecutivo para amedrentar al Poder judicial, actos de intimidación y presión a jueces, fiscales y al Consejo de la Magistratura.
El relator advirtió que desde el Poder Ejecutivo se habría “obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial… disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”. El informe de la ONU cita como casos a investigar “la manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino” que involucra a la familia presidencial
García Sayan envió el informe al embajador Extraordinario y Plenipotenciario representante de la Argentina ante la Oficina de Naciones Unidas Carlos Foradori para que sea remitida al canciller Jorge Faurie.
En él se enumera en distintos títulos las interferencias que se habrían cometido desde el Ejecutivo, como la “manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino”, en referencia al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y los ataques contra la fiscal que interviene en el caso del concurso, en el expediente comercial Gabriela Boquin.
También se hace referencia al ataque hacia el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal con posibles conexiones con funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.Para la ONU es preocupante el ataque que sufrió el juez Alejo Ramos Padilla que investiga una supuesta red de espionaje ilegal que involucraría a funcionarios públicos.
Además se citan los ataques a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, la “designación ilegal del juez Carlos Mahiques” en la Cámara de Casación Federal, “la designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia” en la Cámara Federal y “ataques a jueces y abogados del fuero laboral”. La denuncia también recuerda la designación que se había hecho por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
En la presentación se alude además a que en diciembre de 2016, el Dr. Julio Marcelo Conte Grand fue nombrado Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, función de máxima autoridad del Ministerio Público de la Provincia, incluyendo la jefatura de quienes deben investigar las denuncias contra los funcionarios del actual gobierno provincial y sus opositores.
“Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas. Los supuestos hechos incluirían presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo: la manipulación del Consejo de la Magistratura; la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones”, advierte el informe.
El relator dio 60 días para que le suministren respuestas sobre medidas adoptadas relacionadas con los puntos señalados.
“A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, advirtió el relator. (MinutoUno)
