La sesión comenzó a las 8.30 y se trataron, en total, 16 proyectos de ley en el Recinto.
Entre los temas que se debatirán figuran el proyecto sobre la declaración de la emergencia en el Transporte Público de Pasajeros de la Provincia; el proyecto sobre los montos de compras y de contratación, tanto en contratación directa como en contratación privada, para el Ente de Infraestructura Comunitaria, como de las 94 delegaciones comunales y la cesión de terrenos en el municipio de Las Talitas para la radicación de una sección de la Policía Federal.
Aún con subsidios, empresarios insistirán en un aumento del boleto
Aunque valoran el proyecto de Emergencia en el Transporte Público de Pasajeros, que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura, y que fue aprobado este martes por los parlamentarios, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán aclararon que los $20 millones mensuales con los que el gobierno subsidiará el servicio, aunque sirve de paliativo para la crisis, “de ninguna manera es suficiente” para cubrir el déficit total de las empresas.
La Legislatura tucumana aprobó en sesión este martes el proyecto de ley del gobernador, Juan Manzur, que apunta a declarar el estado de emergencia en el servicio del transporte público provincial y a habilitar el envío de subsidios desde el Poder Ejecutivo (PE). A cambio de esta asistencia económica, los empresarios deberán respetar las fuentes de trabajo durante los dos años que dure la emergencia.
En este marco, desde el sector privado aclararon que esto no resuelve la crisis de fondo que, según expresaron, atraviesan desde hace años, y sostienen que los montos que recibirán por parte del Estado provincial sólo les alcanza para garantizar las fuentes de trabajo y mantener el nivel de los servicios. “Mantener el servicio tiene un costo, que por ahora se financia con tarifas y subsidios nacionales. Con eso no alcanza. Ha caído el corte de boleto y tenemos incrementos de insumos incesantes. Esta asistencia que nos dará la provincia será de mucha ayuda pero tampoco nos va ayuda a superar la crisis. Igual vamos a tener problemas para el pago de salarios y para colocar unidades nuevas”, remarcó el titular de AETAT, Daniel Orell.
Según el estudio de costos con el cual argumentaron el proyecto antes las comisiones pertinentes de la Legislatura (Hacienda y Presupuesto, y Transporte), el déficit real del sector suma un total mensual de $100 millones: las empresas del interior de la provincia arrojan un saldo negativo de unos $60 millones, mientras que los restantes $40 millones pertenecen a al municipio capitalino. Así las cosas, desde AETAT consideran que a la par del subsidio debería acompañar un incremento en el precio del boleto que les permita cubrir mínimamente los gastos operativos, por lo que no descartan realizar un nuevo pedido de ajuste tarifario. El último planteo de esta índole lo realizaron a principios de año, cuando solicitaron elevar el boleto en la capital –el servicio en el interior suele actualizarse en igual porcentaje- de manera gradual hasta llevarlo a $17.
Las declaraciones del titular de AETAT sorprendieron a varios parlamentarios, principalmente de la oposición, para quienes los subsidios deberían bastar para congelar los valores del servicio, al menos por un tiempo. “Con estos subsidios deberían garantizar mejorar el servicio y que se congelen las tarifas. Si no sirve para eso no entiendo para que le vamos a dar dinero de los tucumanos”, sostuvo Claudio Viña (Nueva Fuerza).
En sintonía con esta postura, la legisladora peronista Stella Maris Córdoba también rechazó tajante la posibilidad latente de un pedido de aumento del boleto. “¿En serio andan diciendo que van a pedir aumentos de tarifas? Esto no es así”, expresó en diálogo con la prensa.
Por otro lado, los parlamentarios también cuestionaron la vaguedad con la que se abordó el proyecto y reclaman mayores precisiones sobre para que se utilizarán los fondos del Tesoro de la provincia y bajo qué criterios se distribuiría el dinero entre las empresas. Además, pidieron que se controle de manera exhaustiva a las empresas y se sancione a quien no cumplan con mejorar las unidades.
Seguridad
Empresarios y choferes coinciden en que desde que se aplicó la tarjeta electrónica para la capital (Ciudadana) y el área del Gran San Miguel (Metropolitana) se logró reducir el índice de delitos de los que son víctimas los conductores y pasajeros del servicio. En este marco, bregan por la llegada de la tarjeta Sube para los departamentos del interior de la provincia en donde aún rige el sistema de pago con efectivo. “Es necesario que el chofer deje de manejar plata. Sin plata, las unidades dejan de ser un blanco atractivo para delincuentes”, aclaró Orell.
Por su parte, el secretario general de UTA, Cesar González, explicó que desde que volvió a funcionar el sistema de botón antipánico, los choferes se sienten mucho más seguro. “El GPS de las unidades y el botón antipánico lograron reducir considerablemente los asaltos. El tiempo de acción de la policía al accionarse el botón es muy bueno y hace que los choferes puedan trabajar más tranquilos”, remarcó. No obstante, insistió en que se necesita mayor presencia de policías en los ómnibus durante el horario nocturno.
