La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, informaron fuentes judiciales.
La firma Socma había intentado que el caso del Correo fuese juzgado por tribunales porteños y no nacionales, pero un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el pasado 1 de julio una solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este sentido.
“La pretensión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de erigirse en alzada de esta sala, habilitando un recurso no previsto por el ordenamiento que rige nuestros procedimientos, carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal, en tanto importa un apartamiento del principio de juez natural“, falló la Cámara, ratificando la jurisdicción nacional y descartando la incumbencia de la justicia porteña.
En marzo de 2020, la jueza Cirulli, para evitar “potenciales perjuicios a acreedores“, ordenó el “desplazamiento total” de los directivos de la empresa en el marco del proceso de “salvataje“.
El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.
El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, se opuso por considerar que era “abusivo”.
Con posterioridad, en el mismo expediente, Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri, pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la Procuración Del Tesoro Nacional.
Fuente Los Primeros TV
