El Tribunal de Cuentas (TC) resolvió iniciar un juicio de responsabilidad administrativa contra exfuncionarios de Desarrollo Social y autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA). La decisión se tomó tras detectar la entrega irregular de mercadería (subsidios en especie) desde el ministerio a la entidad bancaria durante 2023.
El órgano de control calculó un presunto perjuicio patrimonial de casi $27 millones, actualizado a enero de 2025. La investigación se centró en 12 órdenes de autorización (ODA) de retiro de mercadería, que incluían chapas, cuchetas, mesas y sillas. El TC dictaminó que no hallaron “respaldo normativo ni programa específico” que justificara la entrega a la CPA.
El juicio apunta contra la exministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el interventor de la CPA, José Díaz; y el ex subinterventor y actual legislador, Hugo Ledesma. También se incluyó a personal de la CPA que habría realizado los retiros, como Jorge Garay, Luis Carranza, Carlos Budeguer, Julio Naser y Flavio Corres.
El TC concluyó que el procedimiento “constituye un mecanismo irregular” y no se ajustó a la normativa. Además, informó que la CPA nunca respondió a los oficios que pedían explicaciones. El tribunal puso en conocimiento de la determinación al Ministerio Público Fiscal ante la presunción de los delitos de “incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
