La modernización del Estado sigue siendo una cuenta pendiente. El legislador José Cano exigió la reglamentación inmediata de la Ley 9790. Esta normativa, sancionada el 28 de agosto de 2024 y publicada en septiembre de ese mismo año, busca digitalizar los trámites policiales. Sin embargo, tras más de un año de espera, la transición hacia un modelo digital permanece paralizada. Cano denunció que esta inacción deja a los tucumanos rehenes de una estructura vieja y burocrática.
Discurso vs. Realidad
El referente opositor marcó una fuerte contradicción en la gestión oficial. “Es preocupante que el Estado proclame un discurso de modernidad pero continúe aferrado a un registro de antecedentes vetusto”, expresó Cano. El legislador recordó que el Gobierno prometió eficiencia y cercanía. Sin embargo, la realidad muestra a los ciudadanos haciendo “filas interminables” porque el Ejecutivo no reglamenta la ley. “La digitalización debe facilitar la vida, no ser un eslogan que choca contra la burocracia”, sentenció.
Qué establece la Ley 9790
La normativa vigente tiene objetivos claros. Establece que el registro de antecedentes debe nutrirse de la información de otros organismos del Estado. Esto daría celeridad al trámite y evitaría demoras injustificadas. Además, la ley fija sanciones en caso de incumplimiento. Al no estar reglamentada, la norma es solo un papel. Esto impide que los mecanismos de agilidad y transparencia funcionen correctamente, alejando al Estado de las necesidades de una sociedad moderna.
Pedido de una Web Oficial
El reclamo de Cano apunta específicamente al artículo 15 de la norma. El proyecto de resolución exige la creación urgente de una Página Web Oficial. Esta plataforma permitiría la tramitación y el pago online del certificado. Actualmente, no hay claridad para la gestión rápida y se obliga a una presencialidad innecesaria. “La reglamentación inmediata es el único camino para que el Registro Provincial de Antecedentes Personales deje de ser una deuda pendiente”, concluyó el legislador.
