El gobernador Osvaldo Jaldo convocó a la plana mayor de la Policía tras el escándalo por los presos que trabajaban en una obra particular. Como respuesta inmediata, Jaldo ordenó bajas en El Cadillal y dispuso la expulsión inmediata de los efectivos involucrados. Además, exigió informes detallados sobre el funcionamiento de todas las regionales policiales de la provincia.
La reunión en Casa de Gobierno contó con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo, y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros. El Gobierno calificó el hecho como de “extrema gravedad” y reafirmó la política de “impunidad cero”. Una denuncia anónima destapó el escándalo.
El ministro Agüero Gamboa confirmó que dieron de baja a los dos efectivos policiales hallados en la obra, junto con el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán y Sergio Juárez. La investigación había constatado que los policías realizaban tareas de albañilería junto a dos reclusos. Las autoridades trasladaron de inmediato al penal Benjamín Páez a los dos detenidos, que debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha (Trancas).
Agüero Gamboa reconoció que el hecho “mancha a la institución policial”. “Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero seguiremos trabajando”, dijo el ministro. Ratificó la confianza en la conducción policial y aseguró que ese personal también “defraudó” a la cúpula. La decisión de ordenar bajas en El Cadillal busca ser una señal contundente. “Vamos a seguir depurando, corrigiendo y mirando hacia abajo”, concluyó Agüero Gamboa. El comisario Soria asumió interinamente al frente de la URN.
La investigación comenzó cuando el ministro Agüero Gamboa recibió la denuncia anónima. Siguiendo la orden de Jaldo, presentó el caso a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. Los funcionarios de la fiscalía fueron a la vivienda en Villa del Parque, El Cadillal, y constataron la irregularidad in fraganti. El ministro de Seguridad se trasladó personalmente al lugar para supervisar las medidas. Los sumarios administrativos siguen su curso y los pondrán a disposición de la Justicia penal.
