Una joven que desde que nació, hace 20 años, en un pequeño pueblo de Santiago del Estero vivió un infierno de abusos sexuales perpetrados por los varones de su familia, huyó de su casa con la ayuda de un desconocido y logró cruzar a Tucumán, donde su caso sacudió hasta los cimientos a la justicia.
L., como la identifica el expediente judicial que se conoció hace algunos días en los estrados tucumanos, denunció ante la Unidad de Atención Temprana del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Marcelo Leguizamón los abusos a los que la sometían sus cinco hermanos y su padre o padrastro.
El funcionario, por tratarse de sucesos ocurridos en otra provincia, pidió a la jueza María Alejandra Balcazar que declare su incompetencia. Pero la magistrada consideró que el horror narrado por la víctima la obligaba a dejar de lado las formalidades jurídicas en favor de un bien mayor: su derecho a la Justicia.
“Me posiciono no como jueza tucumana sino como operadora del Estado Argentino, en dicho rol tengo la obligación de garantizar que la señorita L. pueda acceder a la justicia”, sentenció la jueza para rechazar el planteo de Leguizamón ordenando una serie de medidas, entre ellas el envío de oficios a los Tribunales santiagueños.
Además de ordenar entrevistas psicológicas y exámenes médicos, se le tomó declaración testimonial con el fin de que la joven pueda tomar parte en el avance de la causa, sin que esto implique su inclusión en situaciones que lleven a la revictimización de quien ya vivió un verdadero infierno.
Así se pudo conocer en detalle la historia de una mujer que fue abusada desde que tiene memoria, quien como consecuencia de esos ataques sexuales a repetición quedó embarazada a los 15 años, sin poder identificar al padre biológico de su hijo, entre los seis familiares que la sometían.
Desesperada, L. buscó ayuda en las redes sociales, donde conoció a un bonaerense que le prometió rescatarla y llevársela lejos de los abusadores. El hombre viajó al pueblito del departamento Pellegrini y se la llevó, pero no les permitieron llevarse al niño.
Caminaron siete horas hasta que consiguieron ayuda, pero por la pandemia debieron abandonar la idea de llegar a Buenos Aires y sólo pudieron costearse hasta Tucumán, donde después de pensarlo, L. decidió hacer público su caso con la esperanza de recuperar a su hijo.
Hoy, amparada por las decisiones de la jueza Balcazar, la joven debe esperar que un tribunal de Impugnación decida si le da la razón a la magistrada, o si debe ir en busca de justicia a Santiago del Estero, desde donde ni siquiera se dignaron responder si existen causas que la tengan como víctima.
Paralelamente, la denunciante inició una causa civil con la idea de rescatar a su hijo, a quien debió dejar en poder de sus abusadores.
Fuente Contexto
