El Gobierno Nacional promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero inmediatamente suspendió su aplicación. A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo argumentó que el Congreso de la Nación no especificó las fuentes de financiamiento para afrontar los gastos que demandan ambas normativas.
La decisión replica la estrategia utilizada hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad. En la práctica, significa que ninguna de las dos leyes entrará en vigencia hasta que el Congreso incluya las partidas presupuestarias correspondientes en la ley de Presupuesto Nacional. El Gobierno justificó la medida por el impacto fiscal que, considera, tendrían ambas normas en las cuentas públicas.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), sancionada por insistencia del Congreso tras un veto presidencial, busca garantizar la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial de docentes y no docentes. El decreto detalla el millonario costo estimado de su aplicación. Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica (N° 27.796) apunta a asegurar el acceso a la salud infantil y fortalecer las residencias médicas, estableciendo la asignación prioritaria de recursos.
El Ejecutivo recordó que ya había vetado la ley pediátrica argumentando que generaba un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”. Pese a que el Congreso rechazó ambos vetos (el universitario y el pediátrico), el Gobierno optó ahora por la suspensión, insistiendo en que el Legislativo no cumplió con la obligación de indicar cómo se financiarán las leyes, tal como exige la Ley de Administración Financiera.
