El Gobierno nacional habilitó la compra de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional para particulares y entidades de tiro. El Ministerio de Seguridad oficializó la medida este miércoles a través de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial. La nueva normativa reemplazó una prohibición previa. En su lugar, estableció un sistema de permisos especiales con requisitos estrictos, que el Registro Nacional de Armas (RENAR) controlará.
La reforma cambió el régimen de autorización y fiscalización. Permite a legítimos usuarios y clubes de tiro adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon. Esto incluye fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR, armamento que hasta ahora permanecía vedado para la tenencia civil. La autorización quedó bajo la órbita exclusiva del RENAR.
Requisitos estrictos para la tenencia
El acceso a estos permisos especiales exige cumplir una serie de condiciones estrictas. Es obligatorio contar con un sistema de almacenamiento seguro aprobado, conocido como “Sector de Guarda tipo G2”. Además, el solicitante debe presentar una declaración jurada justificando la petición, junto con la documentación probatoria, fotos del arma y la identificación precisa (tipo, marca, calibre, CUIM y número de serie). El trámite requiere el pago de tasas específicas.
La normativa demanda también probar el uso deportivo de manera fehaciente. Para esto, necesitan una certificación de una entidad de tiro que avale la condición de “tirador asiduo”, o demostrar representación en certámenes nacionales o internacionales. Asimismo, es un requisito clave no tener antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.
Quizás el filtro más duro es que la norma exige una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional. El RENAR, además, se reservó la facultad de “exigir elementos probatorios adicionales” para evaluar la pertinencia de la solicitud. Esta habilitación revirtió una política restrictiva anterior sobre este tipo de armamento.
